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LAS VIOLENCIAS MACHISTAS EN EL PUNTO DE MIRA, Izaskun Sánchez Aroca

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Las feministas quieren visibilizar las múltiples dimensiones de la violencia contra las mujeres.

Fuente: El Diagonal, 6 de noviembre

El 7 de noviembre, colectivos feministas de todo el Estado han convocado en Madrid la primera marcha estatal contra las violencias machistas:#YoVoy7N. La  manifestación comienza a las 12.00 frente al ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad y llegará hasta Plaza de España. La convocatoria busca la participación de toda la sociedad y reivindica que las violencias machistas, en plural, sean tratadas en todas sus dimensiones como una cuestión de Estado.

La aprobación de la Ley Integral de la Violencia de Género puso sobre la mesa una idea de violencia contra las mujeres muy concreta, circunscrita a las agresiones y los asesinatos en el marco de la pareja y la expareja.

Sin embargo, las violencias machistas tienen muchas más aristas y escenarios de los que se plantean en la ley. Abordamos, a través de diferentes voces de expertas, la cuestión de las violencias machistas, los imaginarios sociales, las críticas y el enfoque, y la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género aprobada en 2004.

La percepción social

La psicóloga y terapeuta Norma Vázquez lo llama “el espejismo de la igualdad”. Se basa en la siguiente premisa: “Muchas personas, sobre todo las más jóvenes, creen que vivimos en una sociedad en la que las mujeres están mucho mejor que antes. Piensan que la igualdad prácticamente ya existe, por lo que vincular la violencia contra las mujeres y la desigualdad no tiene sentido”.

El espejismo de la igualdad es una de las causas por las que sólo la violencia física se identifica como violencia

Desde este prisma, las relaciones violentas en realidad tienen mucho más que ver con la “gente”, con las actitudes personales, que con una relación basada en el poder. De hecho, como explica Norma Vázquez, “quien usa este discurso dice que, como las mujeres están en situación de igualdad, son tan maltratadoras como los hombres”.

El espejismo de la igualdad ha calado mucho en la gente joven y es probable que ésta sea una de las causas por las que sólo la violencia física sea en muchos casos identificada como tal.

Según un estudio presentado en 2014 por la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, el 50% de las españolas ha sufrido acoso sexual en algún momento de su vida desde los 15 años, y el 49% ha evitado en los últimos 12 meses determinados sitios o situaciones por miedo a ser atacada física o sexualmente.

Lo más visible, el mensaje que llega de esta violencia machista, son los asesinatos. Hasta el 2 de noviembre de 2015, según la plataforma Feminicido.net, 83 mujeres han sido asesinadas, una cifra que casi duplica los datos ofrecidos por el Gobierno, que identifica 41 víctimas.

La diferencia viene del enfoque. Según explica Graciela Atencio, “hay un debate con el tema de las cifras. Desde Feminicidio documentamos todos los asesinatos de mujeres que encontramos en los periódicos, como los cometidos por robo”.

Desde el Gobierno, sin embargo, sólo se recogen aquellos que, como indica la Ley Integral de Violencia de Género aprobada en 2004, ocurren dentro de la pareja y la expareja. Un enfoque criticado por distintas expertas, ya que cierra mucho el concepto de violencia.

Para Atencio, “la violencia de género no empieza y acaba en la pareja”. Además, desde esta visión, como señala Norma Vázquez, parece que hay cierta intencionalidad de que los y las adolescentes no se sientan interpelados, ya que “todas las imágenes y toda la violencia se ciñen a algo físico”.

Violencias en los medios

Visibilizar la gravedad y el impacto de las violencias machistas, presentarlas como algo continuado y no como un hecho aislado, más allá de los asesinatos y los malos tratos físicos, supone un gran esfuerzo. Hay que competir con una enorme maquinaria mediática que se centra en la parte más visible.

Los medios banalizan los asesinatos a través de diferentes enfoques sensacionalistas que hablan de amor y celos, como en el caso del doble crimen de Cuenca (“El detonante de los celos de Morate: la boda de Marina”, reportajes en Cuatro, Abc y Telecinco el 21 de agosto de 2015), culpabilizando a las víctimas, poniendo el foco en la falta de denuncias (“Broncas continuas, ninguna denuncia”, El Correo Gallego, 7 de agosto de 2015) u obviando la existencia de un asesino al hablar de las muertas (“El detenido por la muerte de su pareja no tiene antecedentes por violencia de género”, 20 minutos, 2 de noviembre de 2015).

“La ley te obliga a denunciar y hay casos no debería ser un requisito indispensable para obtener protección”

Son ejemplos de una narrativa que los diferentes gobiernos del PSOE y del PP no parecen muy interesados en cambiar. Así, al menos, lo demuestran sus inversiones en campañas públicas contra la violencia, así como la calidad y el enfoque de las mismas.

Entre 2007 y 2015 el Gobierno destinó casi el doble a las campañas de promoción de las Fuerzas Armadas, 62 millones de euros, que a la prevención de la violencia de género, que recibió 33,2 millones de euros.

Junto al gasto en darle lustre al Ejército hay otros ejemplos flagrantes, como los seis millones de euros destinados en 2010 a promocionar la línea del AVE Madrid-Valencia frente a los cinco destinados a la campaña “Tarjeta roja” contra la violencia.

También en la lista de prioridades del Gobierno han estado la promoción del consumo de pescado congelado, el bonito del norte o las conservas, que se llevaron 4,5 millones de euros en 2011 frente a los tres millones destinados a partidas contra la violencia.

La legislación

Junto al relato de los medios y la necesidad de interpelar a la sociedad de la gravedad y de las dimensiones de las violencias machistas, otro de los terrenos de debate para muchas feministas es la Ley Integral de Violencia de Género.

Para María Naredo, jurista e investigadora, la Ley Integral tuvo muchos aciertos, como convocar a distintos sectores, entre ellos el sanitario; sin embargo, “es una ley llamada integral pero muy parcial. Las últimas observaciones del comité CEDAW vuelven a decirle al Estado español que tiene que abordar todas las violencias contra las mujeres tal y como indica el Convenio de Estambul, no sólo las que se dan entre las parejas o las exparejas”.

Norma Vázquez lo tiene claro: “Si logramos abrir el concepto de violencia dentro de la ley podremos mejorar los mecanismos de atención a todas las víctimas”. Frente a esta visión, la terapeuta denuncia cómo los gobiernos se dedican a cerrar cada vez más el concepto, porque “cuanto más baja sea la cifra de muertas, mejor”.

Otra de las grandes críticas es que el desarrollo de la ley tampoco se ha acompañado de un apoyo presupuestario. De hecho, en sólo cinco años, entre 2010 y 2015 las partidas presupuestarias para la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia se redujeron un 31,6%, es decir, se destinaron 20 millones de euros menos.

Para Naredo, “la parte presupuestaria es clave y, cuando hablamos de derechos humanos, equivale a prioridad, y la prioridad se mide en euros. No vale la retórica”.

Junto a la visión tan limitada de la violencia, otra de las líneas que plantea bastantes consensos en torno a la Ley es la crítica al sistema de denuncias y el proceso de judicialización.

Si bien muchas expertas coinciden en la importancia de denunciar para evitar la impunidad de agresor, no lo consideran un requisito central para que las mujeres tengan acceso a recursos.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, para poder optar a un centro de acogida, apoyo psicológico o económico es necesario que exista una denuncia admitida a trámite o tener una orden de alejamiento, algo que no es sencillo.

De hecho, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, el 43,39% de las órdenes de protección solicitadas en 2014 se denegaron, una cifra que supera el 54% en el caso de Madrid y que se eleva hasta el 73% en ciudades como Barcelona.

“La ley te obliga sí o sí a denunciar, y hay casos en los que puede ser pernicioso y no debería ser un requisito indispensable para poder tener la protección del Estado”, señala Graciela Atencio.

Para Norma Vázquez, denunciar, en muchos casos, supone un gran riesgo para la víctima. Y no duda en culpar directamente al Estado de una propaganda “que está muy lejos de los soles que brillan en los anuncios del Gobierno cuando denuncias –afirma, recordado la última campaña del ministerio–. Más bien yo te doy la orden de protección y ahora te las arreglas como puedas. Como si un papel impidiera la agresión. Te dicen que denuncies y luego te dejan sola”.

7N

Situaciones concretas

Además, denunciar se vuelve más complejo si dejamos de hablar de las mujeres en genérico y atendemos situaciones concretas, como sus recursos económicos, la red de apoyo, el país de origen o la situación administrativa.

María Naredo recuerda que se luchó mucho para que la Ley de Extranjería no fuera un obstáculo en el tema de las denuncias y se evitara que se abrieran órdenes de expulsión. “Sin embargo –afirma–, las órdenes sí se ejecutan cuando existe un sobreseimiento de denuncia o las sentencias son absolutorias. Hay muchos casos en los que las mujeres, siendo víctimas de violencia, no logran acreditarlo. Así que les abren una orden de expulsión”.

En este punto, el personal de la judicatura tampoco supone un apoyo: puede ser que te desaconsejen denunciar o que te “animen” a retirar la denuncia, sobre todo si has respondido al ataque.

“Él la ha intentado estrangular y ella se ha defendido haciéndole rasguños en la cara, pero eso, según el juez, no es violencia de género porque hay agresión mutua, así que se deniega la orden de alejamiento”, explica Norma Vázquez.

Más perverso aún es el caso de la contradenuncia: puede ser que el fiscal te recomiende que retires la denuncia para que el agresor no te denuncie por haberle herido.

Las contradenuncias son cada vez más habituales y tienen gran recorrido en los juzgados, “algo que no ocurriría si se trabajara desde una perspectiva de género”, explica Naredo.

Una vez más, si miramos la realidad desde la interseccionalidad, como señala esta jurista, el tema de la contradenuncia afecta especialmente a la mujeres que están pendientes de una renovación de su residencia o que están tramitando la nacionalidad”.

La judicatura

Bajo el amparo de la Ley se crearon juzgados específicos de Violencia de Género, algo que, en opinión de María Naredo, no se ha traducido en una mejora directa de la situación de las mujeres.

La judicatura es reacia a trabajar desde una perspectiva de género y, además, hasta 2010 la formación específica no fue obligatoria. “Sigue el prejuicio de que esto es una cuestión privada, cuando en realidad estamos hablando de abusos muy graves de derechos humanos de los que tú, como juez o jueza, sólo estás viendo la punta del iceberg, el asesinato”.

La propuesta de esta jurista, que durante diez años ha elaborado informes sobre la Ley Integral para Amnistía Internacional, pasa por investigar qué hay detrás de cada uno de esos episodios de violencia. Episodios que en muchos casos se tildan de banales, pero que, en su opinión, “es probable que destapen conductas de violencia habitual, psicológica o sexual, porque la violencia machista no es un insulto, no es una suma de episodios, es una relación”.

Entender esta idea de relación es algo central a la hora de elaborar políticas públicas, sobre todo si hablamos de las tres erres de la justicia: el reconocimiento, el respeto y la restitución. Las dos primeras, en opinión de Naredo, “fallan”, pero la tercera prácticamente ni se contempla en la ley: es la cuestión de las indemnizaciones a las víctimas.

Para María del Mar Daza Bonachela, presidenta del Fórum de Políticas Feministas de Granada, la falta de políticas de reparación ha generado víctimas de tercera y cuarta clase, frente a otras víctimas más privilegiadas, como las del terrorismo, que reciben ayudas de mucha cuantía.

“Yo lo que planteo es que tratemos a las víctimas en función del daño que han recibido, sean víctimas del delito que sean”. Según esta experta, que ha trabajado durante diez años en el servicio de atención a la víctima de Granada, se indemniza entre seis y 16 veces más la vida perdida o dañada por causas terroristas que por otros delitos como violencia de género.”Las mujeres víctimas de malos tratos no son las de tercera, son las de cuarta o quinta, porque los criterios a la hora de regular la ayuda y el tratamiento legal y de hecho son de sospecha”.

Algunas respuestas

Para Norma Vázquez cuando nos preguntamos qué está pasando y miramos alrededor, con un verano tan sangriento [como el de 2015], “es inevitable responsabilizar a las políticas de Estado”.

Junto a éstas, muchas expertas como la socióloga ​Begoña Pernas hablan de un patriarcado en descomposición, “lo que no quiere decir que no tenga fuerza y que no sea estructuralmente potentísimo, pero está en descomposición en tanto que sus elementos empiezan a actuar por libre”. Pernas destaca que, aunque sea en pequeña medida, cada vez más las mujeres empiezan a escapar de las normas patriarcales.

Abrir el debate sobre la violencia y salir de los “imaginarios cerrados” de los que habla Norma Vázquez, mejorar los recursos técnicos y económicos, trabajar la prevención o evaluar la legislación de manera participativa –no sólo con el funcionariado, los jueces y las juezas, sino también con las mujeres–, como apunta María Naredo, son sólo algunas de las propuestas feminista para terminar con la violencia.

Sobre ellas orbita también hacer de las violencias machistas una cuestión de Estado, una apuesta que pasa, según señala Norma Vázquez, “por una revisión de las políticas. Si no, un pacto de Estado puede significar más de lo mismo”.

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