La reforma del consentimiento por representación

¿UNA PUERTA ABIERTA AL ENCARNIZAMIENTO TERAPÉUTICO?

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Sergio Gallego / Laura Muñoz, La Nueva España, 27/02/2016

Introducción.

La Ley 26/2015, de protec­ción a la infancia y a la adolescencia, publi­cada el 29 de julio, ha modificado profunda­mente la Ley 41/2002, de autonomía del pa­ciente. Se trata de un cambio legislativo de enorme calado que ha pasado casi inadver­tido, tanto para los ciudadanos como para los profesionales del sector sanitario. Nos atre­vemos a afirmar que de nuevo se han abier­to las puertas al encarnizamiento terapéuti­co y que hemos retrocedido treinta años en este terreno.

La Ley 41f2002 de autonomía del pa­ciente es una norma claramente defensora de la autonomía personal y declara de ma­nera inequívoca que cualquier interven­ción médica exige siempre e1 consenti­miento previo del paciente, excepto en dos situaciones: que exista un riesgo para la salud pública o que nos hallemos ante una urgencia vital y además, simultánea­mente, se dé la circunstancia de que el pa­ciente no esté en condiciones de poder to­mar decisiones.

Fuera de estos supuestos, o la interven­ción es consentida por el paciente o ha de ser autorizada por sus representantes. En­tramos con ello en la regulación del lla­mado consentimiento por representación. Aquí es donde se ha operado la importan­te y trascendente modificación a la que estamos haciendo referencia. Los supues­tos en los que cabe el consentimiento por representación son los mismos que exis­tían hasta ahora: pacientes incompetentes, discapacitados legalmente y menores in­maduros.

Modificación del consentimiento en el caso de los menores.

La redacción antigua de 1a Ley de autonomía establecía que en el caso de menores emancipados o mayores de dieciséis años, el consentimiento lo otorgaba el menor, pero que si se trataba de una ac­tuación de grave riesgo había que informar a los padres y tener en cuenta su opinión. La nueva norma elimina de raíz la posibilidad de que, en situaciones de grave riesgo, el me­nor preste el consentimiento y atribuye esta competencia a los padres de manera exclu­siva. Es decir, en las situaciones de riesgo, los menores de dieciocho años carecen de capa­cidad para poder tomar decisiones que afec­ten a su salud, con independencia de que puedan ser sujetos maduros o no. Esta pos­tura, tendente a considerar que el mejor in­terés del menor, con independencia de su grado de madurez, es siempre la protección de su vida y su salud es mayoritaria en la doc­trina y la jurisprudencia y es la seguida por el Ministerio Fiscal tal como se recoge en la Circular 1/2012 sobre el tratamiento de los conflictos ante transfusiones de sangre y otras intervenciones médicas sobre menores de edad en caso de riesgo grave.

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Modificación del consentimiento por re­presentación en cualquier supuesto.

La nueva redacción de la Ley de autonomía es­tablece que en los casos en los que el consen­timiento haya de otorgarlo el representante legal o las personas vinculadas por razones familiares o de hecho al paciente, en cual­quiera de los supuestos citados anteriormen­te, es decir, pacientes incompetentes, discapacitados y menores, la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del representa­do. Añade que aquellas decisiones que sean contrarias a dichos intereses deberán poner­se en conocimiento de la autoridad judicial para que adopte la resolución correspondien­te, salvo que, por razones de urgencia, no fuera posible recabar la autorización judicial, en cuyo caso los profesionales sanitarios adoptarán las medidas necesarias en salva­guarda de la vida o salud del paciente.

Antes de la reforma, la prestación del consentimiento por representación debía hacerse siempre en favor del paciente. Pa­ra establecer qué se entendía por tal, lo habitual era recurrir a la teoría del mayor beneficio. Esta teoría pretende que la de­cisión adoptada por el representante sea la más beneficiosa para el paciente desde el punto de vista de la lex artis, teniendo en cuenta factores como el alivio del sufri­miento, la conservación de la funcionali­dad y la calidad y duración de la vida.

Ahora, tras la reforma, la Ley sigue es­tableciendo que la prestación del consen­timiento por representación se hará siem­pre en favor del paciente y con respeto a su dignidad personal, pero añade de ma­nera imperativa qué la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o la salud y que aquellas decisiones que sean contrarias a dichos intereses deberán ponerse en cono­cimiento de la autoridad judicial. El legis­lador, al amparo de una Ley de protección a la infancia y la adolescencia, ha impues­to de manera generalizada una protección a ultranza del bien vida y salud frente a cualquier otra valoración. El problema surgirá cuando la lex artis no aconseje que las decisiones que se deben adoptar sean las más “beneficiosas para la vida y la salud” sino las más beneficiosas para el paciente en su contexto y situación. Es decir, las más adecuadas en favor del en­fermo y con respeto a su dignidad, aleján­dose así del nuevo estándar impuesto que no parece otro que el de la prolongación irracional de la vida. Cabe preguntarse qué ocurrirá cuando lo aconsejable sea realizar una limitación del esfuerzo tera­péutico o una sedación. ¿Puede el repre­sentante prestar el consentimiento para ello o por el contrario ha de entenderse que es una decisión en contra de los inte­reses “vida y salud” y consecuentemente debe judicializarse la situación?

No deja de resultar paradójico que nuestro ordenamiento permita al paciente capaz rechazar personalmente un trata­miento médico, aunque ello pueda poner en riesgo su vida, y que puede también hacerlo mediante el otorgamiento de un documento de Instrucciones Previas, mientras que en el consentimiento por re­presentación parece, que sólo prima el va­lor vida biológica.

Esperemos que, a pesar de todo, impere el sentido común y que las actuaciones de los profesionales sigan siendo, como has­ta ahora, conformes al vigente Código de Deontología Médica cuando establece

que el médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible y que cuando ya no lo sea permanece la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir su bie­nestar, aun cuando de ello pudiera derivarse   un acortamiento de la vida. El médi­co no deberá emprender o continuar ac­ciones diagnósticas o terapéuticas sin es­peranza de beneficios para el enfermo, inútiles u obstinadas.

SERGIO GALLEGO Académico correspondiente de las Reales Academias de Medicina y de Jurisprudencia del Principado

LAURA MUÑOZ Médico de familia y máster de Bioética

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