Un día, no sabemos aún de qué año….

De inmatriculaciones
El Grupo de Inmatriculaciones de Asturias continúa recogiendo firmas

Fragmento del cartel de la charla “Anatomía de un expolio”, Córdoba 2015

 

En Asturias seguimos intentando recoger suficiente número de firmas que permitan presentar una petición a la Junta para poder conocer, como punto de partida para futuras acciones, qué bienes ha inmatriculado la iglesia católica.

Y, en la confianza de que ese “un día, no sabemos aún de qué año…” del que habla el libro de Jesús de Larrainzar, “No robarás. Catecismo de la inmobiliaria celestial. O como los Obispos usurparon el patrimonio de los pueblos”, llegue más pronto que tarde, ¿qué tal si revisamos su inteligente historia de las inmatriculaciones?

UN DÍA DE 1459, AÑO MÁS O SIGLO MENOS, en un pueblo cualquiera, reunido en Concejo abierto, los vecinos acordaron la construcción de una iglesia, una ermita, una fortificación, un atrio, una escuela, una campana, una casa para el cura… Y todo se amuebló y se pagó con la bolsa, y las espaldas, del vecindario.

Un día de 1933, el Gobierno democrático de la II República decretó que todos esos bienes eran propiedad pública y que la Iglesia solamente disponía de los templos para el culto religioso.

Un día de 1946, la estrecha relación de la Iglesia y la dictadura franquista posibilitó que los obispos tuvieran poderes extraordinarios para inmatricular bienes, salvedad hecha de los lugares de culto. Desde entonces, miles de propiedades de los pueblos han pasado a manos de la Iglesia.

Un día de 1978, se aprobó una nueva Constitución Española que proclamaba la separación de poderes Iglesia-Estado. Sin embargo esa prerrogativa inmatriculadora, propia del nacional-catolicismo, continuó vigente con todo descaro, como si los obispos fueran fedatarios públicos.

Un día de 1988, precisamente cuando en el Estado español se estaban cocinando todas las tramas de corrupción que hemos ido conociendo con posterioridad, alguien convenció al presidente Aznar para publicar un Decreto Ley, que pasó desapercibido para todos, y que permitía a la jerarquía eclesiástica inmatricular también los lugares de culto, y con ello poder apropiarse del patrimonio histórico de los pueblos y ciudades. Fue el gran pelotazo. Los obispos no dudaron un instante y, en breve espacio de tiempo, se convirtieron en la mayor inmobiliaria, posiblemente, de toda Europa.

Un día de 2007, de manera casual, alguien en Navarra se dio cuenta de que miles de propiedades de los pueblos navarros se habían inmatriculado en pocos meses con alevosía, “por el precio de una campana”. Surgió una plataforma de vecinos y ayuntamientos para recuperarlo. Escándalo Monumental llamaron al expolio. Cristianos y laicos se unieron frente a los obispos, mientras nuevas plataformas vecinales surgían en todo el Estado.

Un día de 2015, el Gobierno del PP, acosado por la ciudadanía, por la opinión pública y por la evidencia del escándalo, cambió la ley que permitía a los obispos inmatricular pero, ¡oh incongruencia! no la declaró inconstitucional, a fin de permitir a la Iglesia quedarse con todo lo inmatriculado. EL PSOE lo consintió, mientras a la galería decía otra cosa.

Un día, no sabemos aún de qué año, algún Tribunal Europeo, algún Gobierno sin corrupción, alguna República, algún Papa valiente, alguna Revolución laica o alguna ciudadanía verdaderamente cabreada, recuperará esos bienes públicos y comunales, y los devolverá a sus verdaderos dueños, los pueblos, que los levantaron y mantuvieron durante siglos

 

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