El Gobierno descarta la anulación de las inmatriculaciones de la Iglesia

Justicia “intentará recabar” la lista de inscripciones, pero incumplirá por “seguridad jurídica” la resolución del Congreso que le exige “reclamar su titularidad”
El primer listado oficial de bienes en toda España, que excluirá el periodo 1946-1998, sólo abre una incierta vía de impugnación judicial

Mezquita de Córdoba

Tal y como recoge un reportaje realizado por Ángel Munárriz en Infolibre -15 de junio de 2017-, el Gobierno descarta anular las inmatriculaciones llevadas a cabo por la iglesia católica, y que sólo entre Navarra y el País Vasco –las dos comunidades donde hay listados–, llegarían a más de 1.500, (lo que hace verosímil la estimación de 20.000 para el conjunto del España que maneja la asociación Europa Laica). Éstas “se han realizado siempre al amparo de la ley y cumpliendo con la legalidad vigente”: respuesta, a preguntas de infoLibre, del departamento que dirige Rafael Catalá (PP).

El Ministerio de Justicia se ha comprometido por primera vez, en cumplimiento de una proposición no de ley (PNL), a realizar un listado de bienes inscritos por la Iglesia, “pero la letra pequeña de su compromiso evidencia que se trata de un tímido avance. La lista, que se elaborará con inscripciones que el ministerio “intentará recabar” de los registros de la propiedad, excluye los bienes inmatriculados entre 1946 y 1998 al amparo de una legislación franquista que equiparaba a los representantes del clero con fedatarios públicos. Los planes del Gobierno, que actuará “garantizando siempre los derechos adquiridos” por la Iglesia, dejan una única vía para reclamar la reversión o la nulidad: su impugnación ante los tribunales.

La PNL aprobada instaba al Gobierno no solo a la elaboración de un listado de bienes inmatriculados, sino también a que procediera a reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la misma, si dicha inmatriculación se hizo sin la necesaria existencia de un título material y previo que justifique la titularidad del derecho real sobre el bien inmueble de que se trate, o cuando el mismo sea o haya sido un bien no susceptible de propiedad privada por ser de dominio público, aun en el supuesto de que no esté catalogado formalmente como tal, si históricamente gozó de esa presunción o tratamiento”

Y es esta “segunda parte”  la que el Gobierno no pretende tomar en consideración.

En la elaboración del reportaje, Infolibre ha hablado con Antonio Hernando (PSOE), Andrés Valentín, portavoz de la Coordinadora Recuperando y Justicia, no así con la CEE que ha declinado la invitación.

Justicia

El Ministerio de Justicia indicaba que “no dispone de dato alguno relativo a la inmatriculación de bienes de la Iglesia católica al tratarse de una cuestión ajena al ámbito de sus competencias, pero al mismo tiempo revela que “se están impulsando las actuaciones necesarias tendentes a dar cumplimiento” a la PNL, aunque sólo “en lo relativo a la elaboración de un estudio” con los bienes inscritos desde 1998. En esa misma respuesta deja claro que cualquier cuestionamiento legal de las inmatriculaciones debe pasar por una impugnación judicial”.

Justicia no encuentra  falta de amparo legal por lo que “intentará recabar los datos de los diferentes registros de la propiedad existentes en el territorio nacional para, una vez obtenidos y sistematizados, proceder a la utilización de los mismos garantizando siempre los derechos adquiridos de los titulares de los bienes referidos”. Defiende, pues, que las inmatriculaciones han sido legales, sin distinción del momento realizado, y añade que la ley de Aznar “vino a arreglar una situación discriminatoria” pues el reglamento hipotecario de los años 40 “excluía la inscripción registral a los templos destinados al culto católico”.

 

Antonio Hernando

Para Hernando la presentación del listado sólo “Es un punto de partida, no de llegada.  Porque ciertamente el hecho de conocer los datos  va a provocar una gran indignación. Va a haber muchas reclamaciones de instituciones, se va a activar una recuperación de parte de unos bienes inscritos al amparo de un real decreto [el de Aznar] impropio de un Estado aconfesional. Lo primero es saber qué ha pasado”.  Hernando defiende la utilidad del camino iniciado aunque admite que su alcance es limitado.

 

Andrés Valentín

Encuentra contradicciones en la respuesta del Gobierno: al mismo tiempo que dice no tener datos asegura que elaborará un listado. Confía, pues, en que, al abandonar su posición habitual de negarse siquiera a buscar los datos, el Gobierno permita aproximar la opinión pública a una realidad que será “imposible de defender”. “Para nosotros ni siquiera inmatricular una ermita o una iglesia tiene justificación, pero ya un frontón, un campo… Eso es inexplicable”

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