La Justicia europea cuestiona las exenciones fiscales a la iglesia

El Tribunal de la UE considera que pueden ser ayudas prohibidas “si se otorgan respecto de actividades económicas”. Rechaza el intento de los escolapios de no pagar una licencia de obras en un colegio de Madrid

Salón de actos, colegio La Inmaculada. Getafe

 

Cadena SER, La Voz de Galicia, El Mundo,  El País, 27 de junio

La justicia europea considera que las exenciones fiscales de las que se beneficia la Iglesia Católica en España “pueden” resultar ayudas estatales prohibidas “si se otorgan respecto de actividades económicas”. En su fallo, los magistrados europeos consideran que “la exención fiscal controvertida puede constituir una ayuda estatal prohibida si las actividades ejercidas en los locales en cuestión son actividades económicas y en la medida en que lo sean, extremo que corresponde comprobar al juez nacional”. Y, por extensión, “exenciones fiscales de las que disfruta la Iglesia católica en España pueden constituir ayudas estatales prohibidas si se otorgan respecto de actividades económicas” y cumplen determinados requisitos.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), responde así a un juzgado de Madrid ante el que recurrió una congregación religiosa (Congregación Escuelas Pías de la Provincia de Betania), responsable del colegio La Inmaculada de Getafe. La congregación pidió una licencia de obras para ampliar el salón de actos a fin de ponerle 400 butacas para poder dedicarlo a reuniones, cursos y conferencias, licencia por la que había pagado más de 23.000 euros en impuestos municipales y reclamaba la devolución de un impuesto municipal aferrándose al acuerdo entre España y la Santa Sede que establece diversas exenciones fiscales en favor de la Iglesia Católica, lo que se desestimó al considerar que se había solicitado con respecto a una actividad de la iglesia  católica sin una finalidad «estrictamente religiosa».

En el caso concreto del colegio religiosos, el centro ofrece enseñanza obligatoria financiada con fondos públicos, pero también formación voluntaria «que no está subvencionada con fondos públicos y por la cual se cobran derechos de matrícula». Recuerda el tribunal que en el colegio hay locales que “se utilizan para impartir enseñanza Primaria y Secundaria reglada por el Estado, que equivale a la que se imparte en los colegios públicos y que se financia íntegramente con cargo a fondos públicos, pero “también se utilizan para impartir enseñanza preescolar, extraescolar y postobligatoria, que no está subvencionada con fondos públicos y por la cual se cobran derechos de matrícula”.  Señala TJUE que «Únicamente las actividades de enseñanza no subvencionadas por el Estado español parecen revestir carácter económico».

Foto, El Mundo

La legislación europea dice claramente que no puede haber ayudas de Estado, subvenciones o privilegios para una determinada empresa por ejemplo, que le de ventajas competitivas e injustas respecto a sus competidores. En la sentencia de hoy, el Tribunal estipula que la exención del impuesto municipal solicitada “parece cumplir, en todo caso, dos de los cuatro requisitos exigidos para poder ser calificada de ayuda estatal prohibida, en la medida en que conferiría a la congregación a cargo del colegio una ventaja económica selectiva y supone una disminución de los ingresos del Ayuntamiento y, por tanto, el empleo de fondos estatales”.

El tribunal recuerda que, según el Derecho de la Unión, se considera que las ayudas que no superan el límite de 200.000 euros durante un período de tres años no afectan a los intercambios comerciales entre los Estados miembros «ni falsean ni amenazan con falsear la competencia», de modo que tales medidas están excluidas del concepto de ayudas estatales. El juez nacional deberá comprobar si en el presente asunto se alcanza dicho umbral y tomar en consideración «únicamente las ventajas de las que haya disfrutado la congregación religiosa en relación con sus eventuales actividades económicas».

El tribunal añade que incluso si el acuerdo entre España y la Santa Sede es anterior a la adhesión del país a la Unión, la exención fiscal controvertida «no debería considerarse ayuda estatal existente, sino ayuda nueva». Como el impuesto sobre construcciones no se introdujo hasta después de la adhesión, si el juez nacional declarase la existencia de una ayuda estatal, esta debería notificarse a la Comisión y no podría ejecutarse sin su consentimiento.

La justicia europea aclara que “corresponde al juez nacional determinar si los locales en cuestión están destinados, al menos en parte, a tales actividades económicas y en qué medida”.

 

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