Asturias investiga las inmatriculaciones de la Iglesia

Un grupo civil de reciente creación reclama a la Junta General que siga el ejemplo del congreso y abra una investigación seria. Cree que podría haber decenas de propiedades públicas a nombre del Arzobispado

Arzobispado de Oviedo. Foto La Voz de Asturias

 

Susana D. Machargo, La Voz de Asturias, 4 de julio de 2017

Se autodenomina Grupo de Inmatriculaciones de Asturias. Este colectivo de reciente creación pretende descubrir si la Iglesia ha registrado a su nombre propiedades que no eran suyas desde 1946 hasta el 2015, los casi 70 años en los que la ley le permitía inscribir terrenos sin necesidad de aportar ninguna escritura. Uno de los casos más sonados en España fue el de la mezquita de Cordóba. También tuvo repercusión una finca de una empresa de Palencia, que llevó el asunto al Tribunal de Estrasburgo, después de que los juzgados en España no le dieran la razón, y que consiguió un cambio normativo para impedir este tipo de prácticas. En Navarra, la comunidad en la que más se ha trabajado este asunto, la pionera en la lucha contra las inmatriculaciones, se han contabilizado hasta 2.000. Un portavoz de la Conferencia Episcopal reconoció que se llegaron a registrar entre 30.000 y 40.000 propiedades y que algún error podrían haber cometido. Por extensión, en Asturias podría haber decenas.

El grupo ha comenzado a dar pasos y a contactar con personas que pueden aportar información. Pero su intención es trabajar de forma sistemática y no a golpe de denuncias individuales o de investigaciones deslabazadas. Esto supone que su principal objetivo es la Junta General del Principado, que el Parlamento asturiano apruebe elaborar un listado de todos los bienes inmatriculados, acompañado por una nota registral simple en la que se detalle cuál es la propiedad, el propietario y todos los datos necesarios. También está redactando una moción tipo para presentarla en todos los ayuntamiento y que los Gobiernos locales contribuyan al censo. Así lo ha explicado el portavoz del grupo, José María Rosell, que ha asegurado que todos aquellos colectivos o particulares que quieran sumarse al movimiento serán bienvenidos.

El Congreso de los Diputados ya ha dado pasos, así que la Junta General solo tiene que seguir su ejemplo. El Parlamento español acaba de aprobar la elaboración de un listado de los bienes inscritos a nombre de la Iglesia, gracias a una proposición no de Ley presentada por el PSOE. Esta iniciativa recibió luz verde en abril y el propio Gobierno del PP ha aceptado el encargo

La base

Rosell echa la vista atrás para recordar de dónde surge el problema. La Ley Hipotecaria de 1946 aprobada por el franquismo permitía a los obispados y arzobispados inmatricular bienes sin necesidad de justificar su propiedad. Tanto las administraciones como la Iglesia podían hacerlo. Solo quedaban excluidos los inmuebles o espacios dedicados al culto. Se podían inscribir desde plazas a prados de las fiestas o kioscos. Así lo hicieron. «Hubo casos tan llamativos que hasta pusieron a su nombre hasta frontones de pueblos», explica Rosell. Cuenta otros casos singulares, como los cementerios de pueblos navarros inundados con pantanos que fueron registrados a tiempo para cobrar la expropiación. Fue un proceso callado, que durante décadas pasó desapercibido.

En 1998 volvió a la actualidad, recuerda el portavoz asturiano, porque el Gobierno de José María Aznar permitió ampliar las inmatriculaciones a los bienes de culto. Ahí fue cuando la mezquita de Córdoba saltó a los titulares. La normativa estuvo en vigor hasta el año 2015 cuando Estrasburgo condenó al Gobierno a pagar 600.000 euros y obligó a reformarla. La razón fue que la Iglesia registró a su nombre una finca que rodeaba una ermita que sí era de su propiedad. El solar, en cambio, pertenecía a aquella empresa de Palencia que batalló en los tribunales y que recurrió a Europa cuando en España fue incapaz de recuperar su suelo.

El proceso

En Asturias son novatos pero cuentan con buenos asesores. El grupo navarro es su referente. El escritor José María Esperza, uno de sus miembros, ya ha estado varias veces en el Principado y volverá en las próximas semanas. Su estímulo puede ser decisivo. Durante la primera quincena de julio entregarán la proposición a los grupos parlamentarios. También estarán presentes en la recta final de la Semana Negra, con una charla. A continuación, desarrollarán la labor minuciosa de contactar con los 78 ayuntamientos. En paralelo, ya han abierto una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org. La movilización social es una medida de presión importante.

Han establecido, además, tres fases de trabajo. La primera consiste en organizarse, convencer a los partidos y conseguir un pronunciamiento. La segunda trata de sacar a la luz todas las inmatriculaciones, con todos los datos posibles. Pero aún quedaría algo más que hacer. El último escalón sería buscar un mecanismo para revertir la titularidad a sus auténticos dueños. «Habría que establecer un método genérico de devolución para todos», explica Rosell. No quieren adelantar ningún caso concreto pero barajan algunas sospechas.

La Voz se ha puesto en contacto con el Arzobispado de Oviedo para saber si conocían la existencia de este grupo y de sus reivindicaciones y para ver cuál era su postura y su opinión. No ha habido respuesta.

 

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