La Iglesia declara ingresos de alrededor de 200 millones por alquileres y actividades económicas

La Conferencia Episcopal explica que la mayoría de arrendamientos son locales recibidos en herencias, aunque no aclara en cuántos paga el IBI

Elena Herrera, InfoLibre, 16 de julio de 2017

La Iglesia católica también hace negocios. El clero español declara haber ingresado 208 millones de euros en 2015 provenientes del alquiler de inmuebles, de “actividades económicas”, de la prestación de servicios eclesiales y de lo que la jerarquía católica define como “instituciones diocesanas” y que son las aportaciones dinerarias a residencias sacerdotales, parroquias o seminarios.

Así consta en la memoria anual correspondiente a ese ejercicio presentada en junio de este año por la Conferencia Episcopal. infoLibre reclamó a la institución el desglose de los ingresos por cada uno de estos conceptos –que están recogidos en una partida global definida como “cobros de explotación”– pero un portavoz explicó que no era posible porque “no todas las diócesis lo facilitan”, aunque en la memoria sí se recogen los datos consolidados.

En todo caso, estas no son las únicas entradas de dinero que declaran los obispos. La memoria incluye también ingresos de 320 millones en colectas, suscripciones y ventas de patrimonio; 218 millones por la asignación en el IRPF; 71 millones en subvenciones públicas; otros 22 millones en rendimientos de capital y otros 23 por ingresos extraordinarios. La Iglesia declara también “necesidades de financiación” por valor de 20 millones de euros. Atendiendo a lo recogido en este documento, en total, el “valor económico generado” por la Iglesia alcanzó en 2015 los 882 millones de euros.

Alquileres y otras actividades

A preguntas de este diario un portavoz de los obispos explica que los ingresos por alquileres proceden “mayoritariamente” de locales recibidos en herencias que son posteriormente arrendados. “En algunos lugares son también casas parroquiales que las parroquias alquilan para mantener su actividad”, añadió. No obstante, la Conferencia Episcopal declinó facilitar una cifra orientativa sobre en cuántos de ellos la institución sí paga el IBI argumentando que no dispone de él. “El pago de ese impuesto lo realiza, si le corresponde, cada una de esas instituciones al ayuntamiento correspondiente, pero no se notifica a la Conferencia Episcopal ni su pago ni su exención”, aseguró.

El acuerdo económico suscrito entre España y la Santa Sede, firmado el 3 de enero de 1979, establece la “exención total y permanente” de impuestos como la contribución urbana (IBI); rentas y patrimonios; sucesión, donaciones y transmisiones patrimoniales; contribuciones especiales; tasa de equivalencia… “siempre que los bienes o derechos adquiridos se destinen al culto, a la sustentación del clero, al sagrado apostolado y al ejercicio de la caridad”. Sobre el papel, estas exenciones no alcanzan, por tanto, “los rendimientos que pudieran obtener por el ejercicio de explotaciones económicas”.

Sin embargo, la interpretación que en instancias judiciales se está realizando de la ley de mecenazgo está dando la posibilidad a la Iglesia católica de librarse también de algunos de estos impuestos incluso cuando en los inmuebles se realiza una actividad económica. Precisamente una sentencia del tribunal de la UE dictada recientemente abre una vía para acabar con esta práctica y que la Iglesia sí pague impuestos cuando actúa como “empresa”.

En relación al epígrafe de “actividades económicas” citado en la memoria, la Conferencia Episcopal explica que se refiere, principalmente, a cuestiones como “la edición de libros, editoriales o librerías religiosas”. No contesta a la pregunta de este diario de si en este capítulo está incluidas la explotación turística de catedrales y templos o la venta de entradas a museos. Estas transacciones están exentas del IVA al estar catalogados los edificios de la Iglesia católica como “establecimientos culturales privados de carácter social”, para los que la ley del IVA prevé exenciones del impuesto sobre el consumo si prestan servicios tales como visitas a monumentos o lugares históricos.

Por otro lado, el apartado de prestación de servicios eclesiales se refiere a los ingresos que recibe la Iglesia católica por la atención pastoral a reclusos o enfermos; los donativos que se recogen por los sacramentos (bodas, bautizos, comuniones…); o la atención religiosa en los tanatorios. A este respecto hay que tener en cuenta que el salario de los capellanes que atienden a los fieles en hospitales, cuarteles o cárceles se abona con dinero público.

IRPF y subvenciones

Por otro lado, la Conferencia Episcopal recibió a través de la X habilitada por el Ministerio de Hacienda en los impresos de la declaración del IRPF 218 millones de euros. En 2006 fueron apenas 173,7 millones. Ese mecanismo transitorio de asignación tributaria se actualizó en 2007, cuando el coeficiente del IRPF que recibe el episcopado de sus fieles se elevó del 0,52 al 0,7%. Esa cantidad sale del bolsillo de todos los contribuyentes, pues se detrae del total de la masa fiscal. Los católicos que marcan la X en la casilla correspondiente de la declaración de la renta aportan a la Iglesia un 0,7% de su cuota fiscal y, a Hacienda, el 99,3% restante. El resto de ciudadanos aporta a Hacienda el 100%.

El citado acuerdo económico regula la colaboración financiera entre ambas instituciones. A pesar de que la Iglesia Católica “declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”, el articulado de este acuerdo también consagra la ayuda económica directa del Estado español a la Iglesia como la única manera viable de posibilitar su sostenimiento económico. Textualmente establece que “el Estado se compromete a colaborar en el sostén financiero de la Iglesia en el respeto absoluto del principio de libertad religiosa” a través de una “dotación” en los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, más de 38 años después de la aprobación de este texto, esa pretendida autofinanciación sigue siendo una utopía.

La memoria de 2015 también recoge que la Iglesia católica recibió subvenciones públicas por valor de 71 millones de euros, la gran mayoría de ellas relacionadas con obras de restauración de patrimonio, convenios con comunidades autónomas o del llamado 1% cultural, el porcentaje mínimo del presupuesto de obra pública que, en virtud de la Ley de Patrimonio Histórico, debe reservarse para invertir en la conservación de patrimonio histórico. Un portavoz de la Conferencia Episcopal confirma que “normalmente” estas subvenciones provienen de las comunidades autónomas y se utilizan para financiar proyectos asistenciales o rehabilitar patrimonio u otros bienes de interés cultural.

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