“Las inmatriculaciones de bienes públicos por la Iglesia es el mayor escándalo inmobiliario de España”

Antonio Manuel Rodríguez Ramos, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, atribuye “la deriva derechizante y conservadora al empoderamiento patrimonial de la Jerarquía católica”

Caina López y Antonioi Manuel Rodríguez, antes de la charla en el Ateneo republicano de Valladolid / Foto Gaspar Fráncés

Antonio Manuel Rodríguez Ramos, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, estuvo en  el Ateneo republicano de Valladolid donde dio una charla sobre ‘La Mezquita de Córdoba y de su apropiación por la Iglesia”.

Último cero, 27 de abril de 2018

El profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba se ha hecho famoso en el mundo por denunciar y sacar a la luz la inmatriculación de la Mezquita cordobesa por la Iglesia española, aprovechándo de un resquicio legal.

“Unos 40.000 bienes públicos han pasado a manos de la Iglesia en el mayor escándalo inmobiliario de España”, afirmó el civilista cordobés, quien fue presentado por Caina López, socia del Ateneo Republicano y abogada implicada en la denuncia de las inmatriculaciones de la catedral de Valladolid o de la iglesia de San Francisco de Palencia.

“Esto”, añadió Antonio Manuel Rodríguez Ramos, “siendo muy grave, lo es mucho más por el daño que, el empoderamiento patrimonial de la jerarquía de la Iglesia católica, ha tenido en la deriva derechizante y conservadora del país”.

El profesor Rodríguez Ramos, que subrayó la importancia de la palabra, dijo de entrada: “Hay que ser implacables en el fondo e impecables en el lenguaje”, al tiempo que insistía que el suyo no era “un discurso anticlerical” e hizo una clara distinción “entre la jeraquía católica, los gobernantes, y la iglesia católica. Lo que voy a decir es un tema estrictamente jurídico”.

La exposición partió de la Norma de 1946 y de la Ley Hipotecaria de 1947. “El artículo 304 del Reglamento Hipotecario del 47 equipara a la Iglesia católica con el Estado y se habilita a los obispos como funcionarios, notarios. Lógica de un Estado confesional, un Estado integrista… que utiliza la herramienta para apropiarse de la Mézquita, de la Giralda, de la catedral de Valladolid o de un local de cazadores en un pueblo como Posadas”, comentó el profesor Rodríguez Ramos, que puso mucho empeño en que se entendiera “la cepa del mal”, diferenciando propiedad y posesión.

Con Aznar, la Jerarquía inmatriculó en masa templos de culto en una auténtica operación urbanística, según el conferenciante. “El verdadero problema no es la reforma de Aznar, es la actitud codiciosa de la Jerarquía”, señaló el profesor Rodríguez Ramos, quien explicó que “el nudo está en la palabra iglesia, una palabra polisémica, que puede significar desde un edificio a un estado. “Además es un magma que no tiene personalidad jurídica. Jurídicamente no se sabe lo qué es la Iglesia”, expresó.

El profesor Rodríguez Ramos se preguntó por qué las catedrales de Lisboa, París o Colonia son del estado y la catedral de Valladolid es de la Iglesia, para añadir que: “Una iglesia es de quien sea su dueño y pueda acreditarlo. Hay iglesias que son comunales, porque el pueblo las levantó, otras son de titularidad privada, otras de dominio público… Hasta la reforma de Aznar no se podían inmatricular templos de culto, pero sí se hizo. Caso de San Juan de los Panetes, bella iglesia mudejar de Zaragoza, que se inmatriculó antes del 98, como otras muchas. Eso se llama fraude de ley, que ha contado con una complicidad estructural”.

Entre los muchos casos y ejemplos, el profesor de Derecho Civil de Córdoba habló de la plaza de la Fuensanta de Córdoba que tiene un jardín a un lado. “En 1984 el obispo inmatriculó la casa del párroco, los jardines y la iglesia. También una plaza publica de 5.500 metros cuadrados a la que llamó ‘lugar y otros’. ¿Qué se puede hacer con las inmatriculaciones anteriores al 98? Nada. Se ha cometido un delito pero ha prescrito. Es un robo legal. Penalmente, repito, no se puede hacer nada; civilmente tampoco, que es lo más grave“.

Antonio Manuel Rodríguez estimó que con la reforma de Aznar se habían inmatriculado unos 40.000 bienes públicos. “Solo en Córdoba capital se han cuantificado 256 bienes, de los cuales 120 son viviendas. Pero se han inmatriculado plazas publicas, jardines, carreteras, murallas, barrios, locales, viviendas, castillos, hermandades… Hay un coste social. La Mezquita de Córdoba generá  al año unos ingresos de 15 millones de euros en dinero negro, que no se declara ni tributa. No está en ninguna parte. Dónde está el apunte contable”, se preguntó.

“Pero por ejemplo”, añadió el profesor, “la Universidad Católica de Murcia financia a equipos profesionales de varias especialidades. Me sorprende. Exigimos transparencias a los partidos políticos pero no a la Iglesia. Quiero saber cuánto gana”.

Rodríguez Ramos repitió que su discurso no era anticlerical; es, dijo, “de defensa de los ciudadanos”. En su brillante exposición jurídica se refirió a las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, del Tribunal Constitucional…, inculplidas por los ministros Gallardón y Catalá. Igualmente, fue incumplida la resolución, en 2016,  del Tribunal de Derechos Humanos de  Estrasburgo que condenó al Estado a pagar 600.000 euros, más 15.000 de costas, a Ucieza (Palencia), una empresa propietaria de una finca con una ermita que inmatriculó el Obispado. “Sanción que al final pagamos todos los españoles”, dijo el ponente, que se detuvo en el ‘caso de la Mezquita’, que calificó de “barbaridad jurídica y esperpento”.

El profesor de Derecho Civil contó que el Cabildo Catedralicio de Córdoba, el 2 de marzo de 2006, con su obispo al frente y actuando como fedatario público de sí mismo, alegó que le pertenecía la Mezquita, por ‘consagración’.

Aunque pueda parecer increíble en un Estado aconfesional, el único argumento que necesitó para inmatricular la Mezquita-Catedral fue su ‘toma de posesión’ en 1236 (que no de ‘propiedad’), mediante el trazado sobre el pavimento de una franja de ceniza en forma de cruz diagonal con las letras de los alfabetos griego y latino. No presentó título formal de propiedad (la consagración no es un modo de adquirir admitido en nuestro Derecho). No acompañó sentencia judicial que reconociera haber usucapido el monumento por su posesión prolongada en el tiempo (los bienes públicos son imprescriptibles y en rigor no habría posesión civil sino un acto meramente tolerado arts. 430, 437 y 444 CC). Tampoco se tramitó el oportuno ‘expediente de dominio’ para salvar ambas carencias probatorias. Ni se concedió la obligada publicidad al proceso inmatriculador, como es preceptivo para toda persona física o jurídica, con el fin de garantizar que las autoridades competentes o cualquier interesado puedan presentar las alegaciones pertinentes”, desveló el profesor de Derecho Internacional de Córdoba.

El profesor de Derecho Civil hizo un llamamiento a “no dejarse amputar la memoria” y lanzó la propuesta de constituir una Plataforma Ciudadana en Defensa del Patrimonio de Castilla y León. Animó, como se ha hecho en Córdoba con la Mezquita, a ganar “la razón y después ganar el corazón”.

Hay que dirigirse a las administraciones públicas, que son las que deben velar por nuestro patrimonio, sin enfrentarse con los curas. Lo primero es solicitar un listado de bienes inmatriculados que puede pedir el Ayuntamiento, el Defensor del Pueblo o el Parlamento. Luego se pueden impugnar las inmatriculaciones por la vía penal…”.

“En 1941, el dictador Salazar pactó con el Vaticano el reconocimiento que los bienes pertenecen al Estado. ¿Por qué no se puede hacer aquí'”, se preguntó el profesor Rodríguez Ramos.

 

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