El Tribunal Supremo da vía libre a las comunidades para reducir el horario de la asignatura de Religión

marzo 23, 2018

El alto tribunal avala que la Junta de Extremadura recortara de dos horas a una el horario de la materia confesional en el primer curso de la ESO

Acepta que la asignatura no sea de oferta obligada en segundo de Bachillerato si la administración lo explica y justifica bajo criterios de “regulación y programación”

Reunión de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal, en febrero de 2018. CEE / InfoLibre

Elena Herrera, InfoLibre, 24 de marzo de 2018 

La reforma educativa que el PP aprobó en solitario en 2013 colocó la asignatura de Religión en el bloque de las llamadas específicas, cuyos horarios son fijados por las comunidades y no por el Ministerio de Educación, como ocurre con las troncales y donde estaba situada hasta entonces. Eso provocó que algunas autonomías, en el ejercicio de sus competencias, redujeran la carga horaria de la materia, lo que llevó a los obispos a emprender una ofensiva judicial que ya ha llegado al Tribunal Supremo.

En dos sentencias que se hicieron públicas este viernes, el alto tribunal avala la reducción del horario de la asignatura de Religión en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Los fallos se refieren al caso de la Junta de Extremadura (PSOE), que decidió en 2016 que la materia confesional pasara de tener dos horas semanales a una en el primer curso de la ESO, lo que según los obispos y la Asociación de Padres Extremeños (Apadex), que llevaron esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), suponía un “trato discriminatorio”. Ese órgano judicial les dio la razón al apreciar que era una medida “desproporcionada”. 

El Supremo, sin embargo, respalda ahora a la Junta. Los jueces de ese tribunal no consideran que una hora a la semana sea una carga lectiva “irrelevante” y subrayan que “no se ha demostrado que en ese tiempo sea imposible desarrollar un programa didáctico coherente y completo de enseñanza de la Religión católica que, al fin y al cabo, es de lo que se discute”. En este sentido, explican que no se trata de si una asignatura o materia se enseña durante más o menos horas sino de si las que se le asignan en la programación o en el currículo escolar son las necesarias para impartirla adecuadamente.

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La Iglesia católica ha recibido en diez años 2.491 millones de euros del Estado a través del IRPF

marzo 21, 2018

39 años después de comprometerse a avanzar en su autofinanciación, la iglesia católica continúa recibiendo anualmente 250 millones de euros del erario público vía IRPF

Reunión de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal, en febrero de 2018./ CEE

 

Elena Herrera, InfoLibre, 21 de marzo de 2018

La Iglesia católica ha recibido 2.491 millones de euros del Estado en los últimos diez años a través del IRPF. Esa cantidad –que ha supuesto alrededor de 250 millones anuales– sale del bolsillo de todos los contribuyentes, pues se detrae del total de la masa fiscal. Los católicos que marcan la X en la casilla correspondiente de la declaración de la renta aportan a la Iglesia un 0,7% de su cuota fiscal y, a Hacienda, el 99,3% restante. El resto de ciudadanos aporta a Hacienda el 100%. Por tanto, sea cual sea la decisión de cada contribuyente, no se modifica la cuantía final del impuesto que paga o de la devolución a la que tenga derecho, subraya la Agencia Tributaria.

Los cuatro acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede –firmados en Roma un mes después del referéndum constitucional de 1978 y, por tanto, negociados entre el Gobierno de Adolfo Suárez y el Estado vaticano antes de la aprobación de la Constitución– permiten a la Iglesia católica mantener todavía hoy incontables privilegios emanados del franquismo en asuntos económicos, educativos y jurídicos. Dichos textos también regulan la asistencia católica a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de los clérigos.

El acuerdo económico, firmado el 3 de enero de 1979, regula varias cuestiones esenciales. Entre ellas, la colaboración financiera entre ambas instituciones. A pesar de que la Iglesia católica “declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”, el articulado de este acuerdo también consagra la ayuda económica directa del Estado español a la Iglesia como la única manera viable de posibilitar su sostenimiento económico. Textualmente establece que “el Estado se compromete a colaborar en el sostén financiero de la Iglesia en el respeto absoluto del principio de libertad religiosa” a través de una “dotación” en los Presupuestos Generales del Estado.

Más de 39 años después de la aprobación del acuerdo económico, esa pretendida autofinanciación sigue siendo una utopía. De hecho, la ley de presupuestos para el año 2007 estableció con carácter “indefinido” que el Estado destinará al sostenimiento de la Iglesia católica el 0,7% de la cuota íntegra del IRPF correspondiente a los contribuyentes que manifiesten su voluntad en tal sentido. Esta norma también actualizó el coeficiente que recibe el episcopado de los fieles que marcan la casilla, que hasta entonces era del 0,52%. Lee el resto de esta entrada »


Entregadas en el Congreso 54.000 firmas para sacar la religión de las aulas

diciembre 14, 2017

Han sido recogidas en el marco de una campaña, aún no cerrada, que cuenta con el apoyo de más de sesenta colectivos y organizaciones.


Foto vía @MHUEL

 

Representación de los más de 60 colectivos y organizaciones que apoyan la campaña para la Derogación de los Acuerdos con el Vaticano y otras confesiones como paso necesario para que la religión “salga de las aulas” se han concentrado esta mañana ante el Congreso donde han entregado las más de 54.000 firmas recogidas hasta ahora. La concentración estaba convocada coincidiendo  con la reunión de la Subcomisión de Educación para la consecución de un Pacto de Estado Social y Político por la Educación, para terminar la enunciación y desglose de los 14 puntos acordados, entre los que figura, en último lugar, “la enseñanza de las religiones” dentro del sistema educativo.

Público, 14 de diciembre de 2017

Un grupo de personas se han concentrado este jueves por la mñana frente al Congreso de los Diputados al grito de “fuera la religión de la escuela” y han entregado las 54.014 firmas recogidas por Europa Laica para exigir la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede firmados en 1976 y 1979.

Estas firmas han sido recogidas en el marco de la campaña Por la Denuncia y Derogación de los Acuerdos con la Santa Sede y otras confesiones religiosas de la citada organización, que cuenta con el apoyo de más de sesenta colectivos y organizaciones.

Los manifestantes consideran que esos acuerdos vulneran el principio democrático de la separación entre Iglesia y Estado y amparar la financiación legal con fondos públicos de la institución católica, así como el adoctrinamiento religioso de los alumnos. Lee el resto de esta entrada »


¿Por qué la iglesia no paga el IBI?

diciembre 14, 2017

La organización religiosa goza de un paraíso fiscal porque no consigue autofinanciar su actividad… Si solo una de las partes, la Santa Sede o el gobierno español quisiera acabar con el Concordato, sería factible…

 

Fachada de la Pasión de la Sagrada Familia / EFE

Aroa Ortega, Metrópoli abierta, 13 de diciembre de 2017

La lectura de las exenciones fiscales a la iglesia católica es un tema recurrente en política y amparado jurídicamente que muchos católicos prefieren apelar al derecho civil, antes que al derecho concordatario, para manifestar públicamente que la Iglesia es sociedad civil antes que una estructura de poder que también es.

Del Concordato cabe recordar que las exenciones fiscales eclesiásticas están incorporadas a los acuerdos con el Vaticano con rango de tratado internacional con lo que solo es interpretable por las partes. Así lo ratifica el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Quiere decir que solo si una de las partes, la Santa Sede o el gobierno español quisiera acabar con el convenio, sería factible. Ningún tercero tiene potestad de cambiar el acuerdo.

Este blindaje legal se debe primero por los cuatro acuerdos firmados por el gobierno de España y la Santa Sede el 3 de enero de 1979 (reforma del Concordato nacionalcatólico franquista de 1953), después por la Ley Orgánica 7/1980 de libertad religiosa y más concretamente, amparado por la Ley de mecenazgo de 2002 (llamada de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo).

Toda actividad de culto está exenta de IBI

Se podrían dar algunas exenciones fiscales que constituyeran cierto tipo de ayudas estatales ilegales en el caso de que alguna organización religiosa dedicase su patrimonio a una actividad económica o que no tenga que ver estrictamente con el culto. Un hecho que a día de hoy, no se ha probado jurídicamente.

De este modo, los edificios destinados al culto, no solo el católico sino de todas las confesiones reconocidas por el Estado, están exentos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) hasta que sean capaces de lograr su autofinanciación vía voluntaria de los ciudadanos en su declaración del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF). Una opción facilitada por el Estado español que ya funciona desde el 2007 para la iglesia católica pero que no pone al alcance de otras siete confesiones religiosas de notorio arraigo en España, pese haberlo anunciado en enero de 2017. Lee el resto de esta entrada »


Laicismo y otros retos democráticos_Curso de Verano en la Universidad de Alicante / VÍDEOS

julio 27, 2017

Foto Observatorio del Laicismo

Organizado por  por  Valencia Laica y la Conselleria de Transparencia en el marco de “Diálogos de Verano” de la Universidad de Alicante, los días 11 y 12 de julio se celebró en la Universidad de Alicante el curso Laicismo y retos democráticos. La presentación del seminario corrió a cargo de José de Lamo, Director General de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad.

Programación y participantes

Recogemos  algunas conferencias del curso publicadas en la web del Observatorio del Laicismo.

Vídeo Presentación  José de Lamo y Raquel Ortiz

Día 11

10:00 h.

La exigencia democrática de derogar los acuerdos del Estado español con la Santa Sede. Educación y financiación. Rafael Cuesta (Europa-Valencia Laica) y Juan José Picó (Área de Comunicación de Europa Laica)

Vídeos grabados por Miguel Hernández de Valencia Laica
Fuente

Juan José Picó: Financiación / Rafael Cuesta: Educación

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Así son los acuerdos Iglesia-Estado que consagran beneficios para la iglesia católica en materia de financiación, fiscalidad o enseñanza

junio 30, 2017
Así son los acuerdos que el PSOE quiere denunciar por “obsoletos”. No es la primera vez que los socialistas lanzan una amenaza de ruptura que nunca han ejecutado cuando han estado en la Moncloa.

Reunión esta semana en Madrid de la CEE. Foto CEE

Elena Herrera,  InfoLibre, 29 de junio de 2017

Los cuatro acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede –firmados en Roma un mes después del referéndum constitucional de 1978 y, por tanto, negociados entre el Gobierno de Adolfo Suárez y el Estado vaticano antes de la aprobación de la Constitución– permiten a la Iglesia católica mantener todavía hoy incontables privilegios emanados del franquismo en asuntos económicos, educativos y jurídicos. Dichos textos también regulan la asistencia católica a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de los clérigos.

Estos pactos, que fueron ratificados por el pleno del Congreso de los Diputados el 13 de septiembre de 1979, fueron precedidos de otro acuerdo preliminar, firmado el 28 de julio de 1976, por el que el rey Juan Carlos I renunció al privilegio de la presentación de obispos y la Iglesia prescindió del fuero jurisdiccional especial para los clérigos. En este último acuerdo –preconstitucional, pues se firmó dos años de la aprobación de la Carta Magna– se manifestaba la intención compartida de crear los cuatro posteriores.

Los acuerdos, que parten de la reforma, que no derogación, del Concordato nacionalcatólico de 1953, tienen naturaleza concordataria y, en consecuencia, son considerados un tratado internacional. Esto implica que el legislador español, al regular las cuestiones que recogen, debe respetar su contenido y no puede modificar lo establecido en su articulado. Conviene recordar que, salvo alguna excepción, los citados pactos han sobrevivido indemnes al paso de gobiernos de uno y otro color.

De hecho, aunque la disputa religiosa vuelve de vez en cuando, los cambios de calado se siguen haciendo esperar. Precisamente este miércoles el secretario de Justicia, Libertades y Nuevos Derechos del PSOE, Andrés Perelló, dijo que “hay que denunciar” los “obsoletos” acuerdos con el Vaticano porque “no tienen parangón en ningún estado europeo”. Aunque los socialistas suelen abrazar la laicidad en sus programas electorales, no han llevado a la práctica esas propuestas cuando han estado en la Moncloa.

infoLibre resume a continuación qué cuestiones se incluyen en estos acuerdos y qué privilegios entrañan. No obstante, hay que tener en cuenta que parte de las prerrogativas o de la situación preeminente de la que sigue gozando la Iglesia católica en España en la actualidad deriva del acatamiento a la interpretación que la jerarquía eclesiástica ha hecho de esos tratados, que en ocasiones va más allá del escrupuloso respeto a su literalidad.

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La Justicia europea cuestiona las exenciones fiscales a la iglesia

junio 27, 2017
El Tribunal de la UE considera que pueden ser ayudas prohibidas “si se otorgan respecto de actividades económicas”. Rechaza el intento de los escolapios de no pagar una licencia de obras en un colegio de Madrid

Salón de actos, colegio La Inmaculada. Getafe

 

Cadena SER, La Voz de Galicia, El Mundo,  El País, 27 de junio

La justicia europea considera que las exenciones fiscales de las que se beneficia la Iglesia Católica en España “pueden” resultar ayudas estatales prohibidas “si se otorgan respecto de actividades económicas”. En su fallo, los magistrados europeos consideran que “la exención fiscal controvertida puede constituir una ayuda estatal prohibida si las actividades ejercidas en los locales en cuestión son actividades económicas y en la medida en que lo sean, extremo que corresponde comprobar al juez nacional”. Y, por extensión, “exenciones fiscales de las que disfruta la Iglesia católica en España pueden constituir ayudas estatales prohibidas si se otorgan respecto de actividades económicas” y cumplen determinados requisitos.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), responde así a un juzgado de Madrid ante el que recurrió una congregación religiosa (Congregación Escuelas Pías de la Provincia de Betania), responsable del colegio La Inmaculada de Getafe. La congregación pidió una licencia de obras para ampliar el salón de actos a fin de ponerle 400 butacas para poder dedicarlo a reuniones, cursos y conferencias, licencia por la que había pagado más de 23.000 euros en impuestos municipales y reclamaba la devolución de un impuesto municipal aferrándose al acuerdo entre España y la Santa Sede que establece diversas exenciones fiscales en favor de la Iglesia Católica, lo que se desestimó al considerar que se había solicitado con respecto a una actividad de la iglesia  católica sin una finalidad «estrictamente religiosa».

En el caso concreto del colegio religiosos, el centro ofrece enseñanza obligatoria financiada con fondos públicos, pero también formación voluntaria «que no está subvencionada con fondos públicos y por la cual se cobran derechos de matrícula». Recuerda el tribunal que en el colegio hay locales que “se utilizan para impartir enseñanza Primaria y Secundaria reglada por el Estado, que equivale a la que se imparte en los colegios públicos y que se financia íntegramente con cargo a fondos públicos, pero “también se utilizan para impartir enseñanza preescolar, extraescolar y postobligatoria, que no está subvencionada con fondos públicos y por la cual se cobran derechos de matrícula”.  Señala TJUE que «Únicamente las actividades de enseñanza no subvencionadas por el Estado español parecen revestir carácter económico».

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