Inmatriculaciones: Andalucía expoliada

agosto 22, 2017
Las inmatriculaciones de la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla y de otros miles de bienes constituyen el mayor escándalo patrimonial de Andalucía

 

Andalucía ha sido expoliada. No hablo de conquistas pasadas sino de ilegalidades perpetradas justo ahora, ante la pasividad cómplice de los poderes públicos. Se cuentan por miles los bienes que han sido incautados por la jerarquía católica, aprovechando dos normas franquistas e inconstitucionales, que le han permitido inmatricular de forma clandestina y sin acreditar prueba alguna, desde la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla, hasta plazas, calles, cementerios, pisos, locales comerciales, jardines, murallas, cocheras…, e incluso inmuebles que pertenecían a sus órdenes y hermandades como el Santuario de la Virgen de la Cabeza o la Quinta Angustia en Sevilla. Curiosamente, nunca inscribieron ruinas, pero sí que esperaron a que se restaurasen con dinero público para proceder a registrarlas a su nombre.

La Conferencia Episcopal reconoce haber llevado a cabo 40.000 inmatriculaciones en todo el Estado. Sin duda, son muchas más. En Andalucía se superan los 5000 bienes, con un valor histórico, cultural y catastral incalculable. Porque no sólo hablamos del coste inmobiliario que ha provocado esta descapitalización patrimonial, más el dinero público invertido, sino del coste social para nuestra educación o sanidad que supone dejar de percibir las millonarias cantidades que no declaran ni tributan por los ingresos que generan. Sólo la Mezquita de Córdoba, unos quince millones de euros anuales. Sin duda, un paraíso jurídico y fiscal dentro del Estado.

Y junto a esta apropiación jurídica y económica, debemos añadir la simbólica derivada de la manipulación histórica en el relato de los monumentos más trascendentales de Andalucía, cuando no de la amputación directa de su nombre como ocurrió con la Mezquita de Córdoba a la que llamaron sólo Catedral, borrando la palabra Mezquita, o inscribiéndola como marca comercial en todos los sectores de producción con la intención perversa de que nadie más pudiera utilizarlo. A la Giralda, símbolo incuestionable de Sevilla, se la inmatriculó como “dependencia anexa a la Catedral”, en prueba evidente del desprecio a nuestro pasado andalusí y de la colonización castellano-católica de Andalucía.

Córdoba ha sido un ejemplo de concienciación y empoderamiento ciudadano en defensa de la memoria colectiva y del patrimonio público, sin duda a raíz de la reivindicación cívica de la Mezquita. El escandalo es de tal magnitud, que ha conseguido ser portada de los medios de comunicación más importantes del mundo, conseguir el respaldo de casi 400.000 ciudadanxs y ser objeto de investigación científica en muchas Universidades extranjeras.

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Los funerales de Estado, otra asignatura pendiente

agosto 21, 2017

 

Funeral de Estado en la Sagrada Familia, Barcelona/ AFP PHOTO / POOL / Sergio Barrenechea

 

Esther PalomeraHUFFINGTON POST. 21 de agosto de 2017

No preguntaron a la familia de Elke Vanbockrijck, la mujer que quería llevar a su hijo al Camp Nou, única víctima belga fallecida tras el atropello mortal en las Ramblas.

Tampoco a los allegados de Jared Tucker, el estadounidense de 43 años que celebraba con su mujer un año de casado.

Ni a los de Luca Russo, el informático italiano de 25 años que visitaba Barcelona con su novia.

Ni a los de Ian Moore Wilson, el canadiense amante de los viajes.

Ni siquiera a los de Francisco López Rodríguez, el granadino de 57 años que emigró a Cataluña en los sesenta y que falleció, junto a su sobrino nieto, de tres años, después de que se cayera el carrito en el que le paseaba y se golpeara la cabeza al paso de la furgoneta asesina. Lee el resto de esta entrada »


Con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho

agosto 20, 2017
Privilegios de la iglesia católica

Imagen: El Viejo Topo

 

Fuente: ¡Por razones! / El Viejo Topo  20 de agosto de 2017

Los abundantes privilegios fiscales y no fiscales de la Iglesia Católica en España preocupan y enfadan. En 2007, la Comisión Europea criticaba al gobierno español por las ventajas tributarias a inmuebles propiedad de la Iglesia. Pero antes, en 2005, la CE había pedido a España que modificara su Acuerdo con el Vaticano sobre Asuntos Económicos por ser ilegales las exenciones del IVA a la Iglesia. En otra ocasión, la Comisión ha pedido explicaciones de por qué la Iglesia católica no paga a los ayuntamientos el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ni el Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI). Y hace poco, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea denunció las exenciones fiscales de la Iglesia Católica en España porque “pueden ser ayudas estatales prohibidas“. Una historia interminable y sin explicaciones.

El artículo 16 de la Constitución Española deja claro que España es un estado aconfesional y ninguna confesión tendrá carácter estatal, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Cooperación, no privilegios.

¿Por qué la Iglesia tiene en el Reino de España tantos beneficios fiscales y otros? No se explica porqué la Iglesia no paga el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, de Sucesiones o Donaciones. O porque no paga el IBI como todo quisque. ¿Acaso porqué los inmuebles que no pagan IBI son lugares de culto? No, porque solo un 18% de propiedades inmobiliarias de la Iglesia se dedican al culto. El 82% restante no son lugares de culto… pero tampoco pagan IBI. Y, por no pagarlo, se dejan de recaudar 2.500 millones de euros cada año. Lee el resto de esta entrada »


La Iglesia mantiene ocultos los ingresos por la entrada a sus templos

agosto 16, 2017
Al menos 40 catedrales cobran por el acceso, pero la memoria económica de la Conferencia Episcopal no recoge la recaudación, que está exenta de tributación

Interior dela seo zaragozana / Ayto. de Zaragoza. InfoLibre

Ángel Munárriz, InfoLibre, 16 de agosto de 2016

Al otro lado del teléfono de la Catedral de San Salvador de Zaragoza, conocida como La Seo, una mujer atiende la consulta:¿Cuál es el precio de acceso a la catedral? La voz remite al listado de tarifas que publica Zaragoza Turismo: entrada al Conjunto Catedral y Museo de Tapices, 4 euros; hasta 18 años y desde 65 años, 3 euros; niños de 0 a 10 años, gratis. La siguiente pregunta es: ¿Se puede pagar con tarjeta? Y la respuesta es que no. Sólo se admite pago en efectivo o con la tarjeta turística  Zaragoza Card. Quedaría otra pregunta por hacer: ¿Dónde va el dinero que los visitantes pagan por entrar a La Seo? O, con mayor amplitud: ¿Dónde va el dinero que los visitantes pagan por entrar en las decenas de templos católicos que cobran por el acceso?

La Conferencia Episcopal (CE) afirma desconocer las cuantías y asegura que las distintas diócesis no la detallan en la información que le remiten para elaborar sus documentos de resultados económicos.

La última memoria de actividades de la Iglesia Católica en España, correspondiente a 2015 y entregada al Ministerio de Justicia, no ofrece la menor pista, aunque se presenta como un ejemplo de transparencia. Creer que el dinero recaudado se dedica al mantenimiento de los templos o a gastos pastorales y asistenciales, como sostiene la CE, obliga a un acto de fe, porque las autoridades fiscales no lo comprueban ni la Iglesia tiene la obligación de demostrarlo.

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Concentración ante la jerarquía de la Iglesia Católica para denunciar las inmatriculaciones

junio 29, 2017
Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, Pamplona

Concentración ante el hotel Maissonave en Pamplona

Fuente: Youtube Ahotsa Info

La Plataforma en Defensa del Patrimonio ha protagonizado, el pasado miércoles 28 de junio,  una ruidosa protesta ante un numeroso grupo de sacerdotes, obispos y cardenales de la iglesia católica que se habían reunido en el Hotel Maissonave de Iruñea para realizar unas jornadas sobre el patrimonio de la Iglesia. Los concentrados les han exigido “que devuelvan lo robado”.

La Plataforma en Defensa del Patrimonio navarro, en una convocatoria de urgencia, ha reunido a unas 200 personas ante el Hotel Maissonave de Iruñea, donde se celebraban unas jornadas organizadas por la Iglesia Católica sobre el patrimonio que poseen y en la que participaban sacerdotes, obispos, cardenales y otros miembros del clero.

La protesta se ha desarrollado entre gritos de “ladrones”, “bat, bi, hiru, lau, que devuelvan lo robao” o “no robarás”. A los miembros de la jerarquía de la Iglesia les han exigido que devuelvan los cientos de inmuebles que durante los últimos años, y gracias a una modificación de la ley realizada por el PP en 1998, han ido inmatriculando a su nombre pese a ser propiedad pública.

Jose Mari Esparza ha recordado para Ahotsa.info que una ley franquista permitía a los obispos inmatricular bienes, pero no centros de culto. Sin embargo, el PP modificó esta ley en 1998 y desde entonces la Iglesia ha inmatriculado a su nombre, sólo en Nafarroa, más de 1.000 inmuebles y espacios. En todo el Estado podrían ser más de 50.000. Entre estos inmuebles hay catedrales, iglesias, ermitas, casas de curas…. pero también huertos, montes y otros espacios naturales.

El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo falló recientemente a favor de un particular afectado por una inmatriculación de la Iglesia Católica. Finalmente, el Estado tuvo que resarcir económicamente a esta persona al haber aprobado una ley que Estrasburgo sentenció que vulneraba los derechos de este particular. Según Esparza, ahora el PP podría estar preparando una amnistía tras haber vuelto a modificar la polémica ley.

 


Sobre el art. 107 del Tratado de Funcionamiento de la UE base por la que el TJUE considera que algunas exenciones fiscales a la iglesia pueden ser “ayudas estatales prohibidas”

junio 27, 2017
La sentencia dictada hoy en el litigio que enfrentaba al colegio La Inmaculada de Getafe con el Ayuntamiento es de gran trascendencia pues el criterio establecido puede ser extrapolable a exenciones d eotro tipo de impuesto, como, por ejemplo, el IBI

Entrada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo. Julien Warnand-EFE

 

Noticias jurídicas, 27 de junio

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado hoy, 27 de junio, sentencia en el asunto Asunto C?74/16, que enfrenta a las Escuelas Pías Provincia Betania contra el Ayuntamiento de Getafe en torno al impuesto municipal sobre construcciones instalaciones y obras por unas reformas en un colegio de la congregación y la exención invocada por la Iglesia Católica amparándose en el Concordato de España con la Santa Sede (Acuerdo sobre asuntos económicos de 3 de enero de 1979).

La cuestión jurídica a resolver era si estas exenciones pueden ser consideradas “ayudas estatales prohibidas” (vulnerando así el artículo 107 TFUE) y en qué ocasiones. Esta decisión es de gran transcendencia pues el criterio establecido en el asunto puede ser extrapolable a exenciones en otro tipo de impuesto, como, por ejemplo, el IBI.

El tribunal europeo, en contra de las conclusiones del Abogado General Juliane Kokott, que avalaba la exención en este supuesto porque afectaba a un edificio escolar utilizado por la Iglesia Católica no para la prestación comercial de servicios de enseñanza, sino para la prestación de servicios de enseñanza en el marco de su labor social, considera que la exención fiscal controvertida puede estar comprendida en el ámbito de la prohibición establecida en el artículo 107 TFUE si las actividades del edificio reformado son de carácter económico y escapan a una finalidad estrictamente religiosa. Además considera que la exención establecida en la Orden de 5 de junio de 2001 es una medida a priori selectiva conferiría una ventaja económica a la Congregación.

Por tanto, la delimitación entre actividad económica y actividad no económica de la Iglesia Católica es el criterio a seguir por el juez nacional para considerar ilícitas las exenciones tributarias a favor de la Iglesia Católica. Lee el resto de esta entrada »


La Justicia europea cuestiona las exenciones fiscales a la iglesia

junio 27, 2017
El Tribunal de la UE considera que pueden ser ayudas prohibidas “si se otorgan respecto de actividades económicas”. Rechaza el intento de los escolapios de no pagar una licencia de obras en un colegio de Madrid

Salón de actos, colegio La Inmaculada. Getafe

 

Cadena SER, La Voz de Galicia, El Mundo,  El País, 27 de junio

La justicia europea considera que las exenciones fiscales de las que se beneficia la Iglesia Católica en España “pueden” resultar ayudas estatales prohibidas “si se otorgan respecto de actividades económicas”. En su fallo, los magistrados europeos consideran que “la exención fiscal controvertida puede constituir una ayuda estatal prohibida si las actividades ejercidas en los locales en cuestión son actividades económicas y en la medida en que lo sean, extremo que corresponde comprobar al juez nacional”. Y, por extensión, “exenciones fiscales de las que disfruta la Iglesia católica en España pueden constituir ayudas estatales prohibidas si se otorgan respecto de actividades económicas” y cumplen determinados requisitos.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), responde así a un juzgado de Madrid ante el que recurrió una congregación religiosa (Congregación Escuelas Pías de la Provincia de Betania), responsable del colegio La Inmaculada de Getafe. La congregación pidió una licencia de obras para ampliar el salón de actos a fin de ponerle 400 butacas para poder dedicarlo a reuniones, cursos y conferencias, licencia por la que había pagado más de 23.000 euros en impuestos municipales y reclamaba la devolución de un impuesto municipal aferrándose al acuerdo entre España y la Santa Sede que establece diversas exenciones fiscales en favor de la Iglesia Católica, lo que se desestimó al considerar que se había solicitado con respecto a una actividad de la iglesia  católica sin una finalidad «estrictamente religiosa».

En el caso concreto del colegio religiosos, el centro ofrece enseñanza obligatoria financiada con fondos públicos, pero también formación voluntaria «que no está subvencionada con fondos públicos y por la cual se cobran derechos de matrícula». Recuerda el tribunal que en el colegio hay locales que “se utilizan para impartir enseñanza Primaria y Secundaria reglada por el Estado, que equivale a la que se imparte en los colegios públicos y que se financia íntegramente con cargo a fondos públicos, pero “también se utilizan para impartir enseñanza preescolar, extraescolar y postobligatoria, que no está subvencionada con fondos públicos y por la cual se cobran derechos de matrícula”.  Señala TJUE que «Únicamente las actividades de enseñanza no subvencionadas por el Estado español parecen revestir carácter económico».

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