La Iglesia hace caja libre de impuestos con el alquiler de edificios sin uso religioso

mayo 15, 2018

Reunión de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal, en febrero de 2018. CEE / InfoLibre

Ángel Munárriz, InfoLibre, 16 de mayo de 2018

  • La institución católica, la mayor propietaria privada de patrimonio en España, se acoge a las exenciones para ONG para arrendar pisos y locales sin pagar IBI
  • La organización Europa Laica pide a los ayuntamientos que identifiquen exenciones injustificadas a parroquias, diócesis y congregaciones

“Es increíble que en 2018 siga siendo la sociedad civil la que se tenga que dedicar a expurgar los datos, mientras la mayoría de ayuntamientos no hace nada para comprobar cuándo la exención está justificada y cuándo no”. Son palabras de Juanjo Picó, portavoz de Europa Laica y obstinado buscador de información acerca de las exenciones del IBI a los inmuebles de la Iglesia. Su valoración viene al hilo de la información, publicada por infoLibre, que desvela que una sentencia firme ha obligado al Obispado de Mallorca a pagar el IBI por tres negocios vinculados al santuario de Lluc, en Escorca, un hito destacado en el cuestionamiento de los privilegios fiscales de la institución católica. ¿Cuántos casos similares hay en los que los consistorios no hacen nada, como sí hizo el alcalde de Escorca, para averiguar si la exención se basa realmente en los supuestos previstos por la ley o se está produciendo una suerte de exención generalizada consagrada por la inercia de décadas de manga ancha?, se pregunta Picó. La Conferencia Episcopal no responde si la sentencia de Escorca es extrapolable a otros bienes. Son, asegura, datos de cada diócesis. La Federación Española de Municipios y Provincias afirma que no ha tocado el tema del IBI. La Agencia Tributaria no tiene datos.

La exención del IBI, asentada en el acuerdo económico entre el Estado español y el Vaticano de 1979 y desarrollada legalmente con posterioridad, está en teoría diseñada para proteger el culto y las funciones pastoral y social de la Iglesia católica, no para dar cobertura a actividades lucrativas. Un puñado de ayuntamientos han hecho intentos, a lo largo de la última década, por cobrar el IBI cuando han considerado que había bienes exentos que no entraban en estos supuestos. Ayuntamientos como los de Valencia, Lugo, Zamora, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, San Sebastián de los Reyes, Leganés (estos cuatro en Madrid), Badalona (Barcelona), Miranda de Ebro (Burgos), Aspe, Elda (ambas en Alicante), Alboraia (Valencia), Carballiño y Allariz (Ourense) y Alegría-Dulantzi (Álava) están entre los que han anunciado o realizado intentos por girar recibos a la diócesis o la congregación de turno.

Aunque cada caso ha tenido sus particularidades, el privilegio de la Iglesia ha demostrado ser un muro difícil de franquear. Sus victorias judiciales han sido constantes y abrumadoras. Entre ellas han destacado una sentencia del Tribunal Supremo de 2014 contra Amoeiro, Coles, A Peroxa y Villamarin, cuatro municipios de la provincia de Ourense constituidos en la Mancomunidad Concellos de Santa Águeda, que sentó jurisprudencia, y un fallo del Constitucional de 2013 que tumbó la ley navarra que obligaba a la Iglesia pagar el IBI por los inmuebles no destinados al culto. La sentencia sobre Escorca del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que la Diócesis de Mallorca ha renunciado a recurrir, constituye un caso excepcional. Si la Iglesia no paga el IBI por aparcamientos en ciudades como Almería y Lugo, ni siquiera por un hotel de cuatro estrellas en Begur, en la Costa Brava, ¿qué hace diferente a la panadería, la hospedería y la tienda de regalos del Santuario de Lluc?

La diferencia es que la explotación en Escorca es directa, mientras que en Almería, Lugo y Begur, así como en incontables pisos y locales en toda España, los bienes están en alquiler. Y el alquiler de la Iglesia no paga ni impuesto de sociedades ni IBI.

Un porqué escondido en la ley Lee el resto de esta entrada »


Una sentencia firme golpea la bula fiscal de la Iglesia al obligarla a pagar el IBI por tres negocios

abril 19, 2018

♦ El Obispado de Mallorca renuncia a recurrir un fallo que permite cobrar el impuesto por una panadería, una hospedería y una tienda de recuerdos
♦ La sentencia parte de una reclamación del Ayuntamiento de Escorca, del PP
♦ 
La diócesis defendía que la actividad comercial era “auxiliar” al culto religioso

 

Santuario de Lluc, en Escorca, al norte de la isla de Mallorca. Consorcio Serra de Tramuntana-Patrimoni Mundial / InfoLibre

 

Ángel Munárriz, InfoLibre, 20 de abril de 2018

Si la Iglesia desarrolla directamente una actividad económica en un local comercial, tiene que pagar el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), incluso aunque el establecimiento esté integrado en un complejo religioso. Así lo ha establecido la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Baleares en una sentencia firme. El Obispado de Mallorca debe abonar el IBI al Ayuntamiento de Escorca (Mallorca, 217 habitantes) por los inmuebles en los que se ubican una panadería, una tienda de recuerdos y una hospedería en el Santuario de Lluc. El fallo, de junio de 2017, no ha sido recurrido, confirma a infoLibre el Obispado. Es un hito en la batalla municipal contra las exenciones fiscales a la Iglesia católica y sus organizaciones.

El litigio parte del intento del Ayuntamiento de Escorca, gobernado por el PP, de cobrar el IBI de 2014 por las fincas con actividades no vinculadas al culto en el Santuario de Lluc, gestionado por la congregación de los Misioneros de los Sagrados Corazones. El Obispado de Mallorca se opuso por la vía administrativa, para intentar no pagar en ningún caso. El caso terminó en los tribunales centrándose en tres fincas. Lee el resto de esta entrada »


Las 6 verdades de la casilla de la Iglesia ocultas tras la campaña ‘Xtantos’

abril 7, 2018

• Financian a la institución todos los contribuyentes y no sólo los que marcan la cruz, que no ponen ni un euro más sino que deciden cuánto se pone entre todos.
• El modelo no supone la autofinanciación de la Iglesia, que aún queda lejos y que recibe fondos públicos a través de muchas otras vías.
• La mayor parte de lo recaudado va al sostenimiento de su estructura

Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal. E.P. / InfoLibre

Ángel Munárriz, InfoLibre, 7 de abril de 2018

Ya está en marcha la campaña de la declaración de la renta. Y hay que decidirse. ¿Marco la casilla de la Iglesia? ¿Marco la casilla de fines sociales? ¿Las marco ambas? ¿No marco ninguna? La Conferencia Episcopal ha lanzado, como cada año, una potente y vistosa campaña, Xtantos, para animar a marcar ambas casillas. Aunque en la campaña hay abundante información, no está toda. infoLibre aporta seis verdades que o no aparecen o no son fáciles de comprender con los materiales de la campaña eclesial.

1. PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES

Ateos, musulmanes, agnósticos, judíos, evangélicos y hasta rabiosos anticlericales. Todos los contribuyentes, todos,independientemente de sus creencias, aportan dinero de su renta a la financiación de la Iglesia católica. Lo deseen o no. Marquen la equis o no. Los contribuyentes que lo desean, cabe suponer que en su mayoría católicos, marcan la equis de la Iglesia y, con ello, declaran su voluntad de que se aporte el 0,7% de la recaudación a la financiación de la Iglesia. Aportan a la Iglesia católica un 0,7% de su cuota fiscal, mientras el 99,3% restante va al Estado. O sea, no ponen más dinero de su declaración, ni se les devuelve menos. Por cierto, ese 0,7% no tiene nada que ver con el 0,7% de ayuda al desarrollo que históricamente se ha pedido para los países pobres.

Lo que va a la Iglesia se detrae, en una cantidad establecida en función el número de equis marcadas en total, de la masa total recaudada por Hacienda. Es dinero público, no de los fieles, aunque se establezca en función de lo que decidan los fieles. El contribuyente que pone la cruz no aporta más de su bolsillo. Su gesto determina que vaya a la Iglesia dinero que no irá a otras partidas: educación, sanidad, defensa, carreteras…

 En una entrevista en 13TV, televisión financiada parcialmente con el dinero que el Estado recauda para la Iglesia vía IRPF, el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, lanzaba un mensaje muy claro para tratar de convencer al máximo número de fieles durante la campaña de la renta del año pasado. Su gesto “no les cuesta más”, afirmó. “No les van a devolver menos”, dijo. Es un mensaje que forma parte del argumentario de los portavoces de la Iglesia para animar a marcar la equis. Pero, al mismo tiempo, también agradece la “generosidad” de los que ponen la cruz, como hizo el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, en la presentación de la memoria económica del año pasado, también durante la campaña. El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, también alude a la “generosidad” de los creyentes cuando marcan la equis, pese a que no aportan más de su dinero.

Otra idea resbaladiza que maneja la Conferencia Episcopal es que, marcando o no la equis, se adopta una decisión de cada cual con sus impuestos. Así lo expresaba Giménez Barriocanal en 2016: “Es una buena manera de hacer el bien. Para que se lo quede [el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal] Montoro y haga lo que quiera, por lo menos yo decido que una pequeña parte de mis impuestos los destino a hacer el bien”. ¿Mis impuestos? Como hemos visto, no es así exactamente.

Hay una fórmula de asignación tributaria distinta, que la Iglesia española nunca ha querido. Se trata del modelo alemán. En Alemania el impuesto religioso, o Kirchensteuer, supone un recargo individual en los impuestos estatales sobre la renta y los rendimientos de trabajo personal. Dicho impuesto abarca entre el 8% y el 10% de la cuota tributaria. Ahora bien, si no quiere pagarlo el ciudadano que lo desee puede renunciar expresamente a la confesión religiosa. Como consecuencia de ello, pierde el derecho a recibir asistencia espiritual. Pero también deja de aportar dinero. Es un modelo que exige una apostasía para dejar de pagar. A priori se aporta, pero un gesto de abierto abandono de la confesión supone el fin de la aportación. Y cada cual paga lo suyo.

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El Gobierno tapona los intentos del Congreso de quitarle privilegios a la Iglesia

marzo 31, 2018

Los límites del Estado aconfesional.

Asamblea Plenaria de los obispos españoles. Europa Press / InfoLibre

En abril del año pasado, en la Comisión de Justicia y presentada por el PSOE, resultó aprobada una Proposición no de Ley “Relativa a reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la Iglesia”, y dos meses antes en la Comisión de Hacienda había resultado también aprobada otra Proposición No de Ley  relativa a la financiación de la iglesia católica. presentada por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem y En Marea. Pues bien, como recoge el reportaje de Infolibre, un año después ambas PNLs se han convertido en “papel mojado”….

Justicia recuerda que la iniciativa aprobada para limitar el caudal de dinero público no es “vinculante”

El listado oficial de inmatriculaciones de la Iglesia, pendiente de un informe del Colegio de Registradores, no irá acompañado de una reclamación de titularidad

Fuente: Ángel Munárriz, InfoLibre, 31 de mrzo de 2018

El Congreso empuja, pero sin fuerza. Y el Gobierno no cede. Los privilegios económicos de la Iglesia católica han sido objeto de cuestionamiento en la presente legislatura, pero el recorrido de los intentos por limitarlos es escaso. Está por ver el alcance de la anunciada fiscalización de los recursos presupuestarios del Estado dedicados a las confesiones religiosas, que rompe con la histórica línea del Tribunal de Cuentas de quedarse al margen de las cuentas de la Iglesia. Lo que ya es posible asegurar es que las iniciativas parlamentarias para arrojar luz sobre los detalles de su particular estatus y poner coto a sus beneficios fiscales y legales se han quedado en nada, al menos de momento.

Según ha comprobado infoLibre, el Gobierno ha frenado las proposiciones aprobadas en la Cámara Baja. La coordinadora estatal Recuperando solicitó en enero del pasado año al Congreso que elaborase un listado de los bienes inscritos, invocando un fallo de la justicia europea a favor de una empresa ganadera en el caso de la inmatriculación de una Iglesia en Palencia. Dicha sentencia, según Recuperando, abre la vía a la posible nulidad de miles de inmatriculaciones. En la estela de esta petición, el Congreso aprobó en abril de 2017, con los votos en contra del PP y Ciudadanos, una proposición no de ley (PNL) impulsada por el PSOE que exigía al Gobierno elaborar en un plazo de seis meses un estudio con los bienes inmatriculados desde 1998 y “reclamar la titularidad” si la inscripción se hizo “sin título material”. Hace casi un año de eso. El plazo está más que vencido.

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La primera fiscalización a la Iglesia deja fuera la mayoría de sus ingresos y beneficios públicos

marzo 31, 2018

Los límites del Estado aconfesional…

Cardenales junto al rey Felipe VI, la reina Letizia y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Casa Real/InfoLibre

 

Fuente: Ángel Munárriz, InfoLibre, 31 de marzo de 2018

♦ El Tribunal de Cuentas no escrutará la financiación por parte de comunidades, diputaciones y ayuntamientos, ni los conciertos educativos.
♦ La institución afirma que aún debe determinar si pone la lupa a las múltiples exenciones fiscales
♦ La actuación sí aumentará el control sobre el destino de los fondos entregados por la casilla del IRPF

Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, da cuerpo en su libro La financiación de la Iglesia en España a uno de los elementos más llamativos del argumentario de la institución católica a la hora de hablar de dinero. La idea es ésta: en lo tocante a las cuentas, no hay una Iglesia, sino miles, cada cual con sus cuentas. Estaríamos ante una especie de Iglesia hiperfragmentada, por más que el Código de Derecho Canónico sea tajante en la descripción de la Santa Madre como una organización absolutista donde el papa de Roma ostenta un poder supremo e innegociable. Pero ello, según Giménez Barriocanal, es compatible con la extrema dispersión económica, que a su vez hace de la Iglesia una institución económicamente inescrutable. “Uno de los principales errores que existen a la hora de valorar la economía de la Iglesia Católica en España consiste en concebirla como una única entidad, una especie deholding o multinacional, con unidad de decisión en el ámbito económico. Nada más lejos de la realidad”, escribe.

Desde la Nunciatura Apostólica a la propia Conferencia Episcopal Española (CEE), pasando por las 70 diócesis, las más de 20.000 parroquias, numerosas ONG, monasterios de clausura, órdenes y congregaciones, hermandades y fundaciones pías, hasta llegar a las universidades pontificias y colegios católicos, todo este conjunto heterogéneo sumaría –según explica Giménez Barriocanal– más de 40.000 entidades dentro de la Iglesia, que manejarían sus cuentas cada una de espaldas al resto. En la práctica, esta supuesta ausencia de ordenador centralha dificultado la adquisición de una visión de conjunto sobre la dimensión empresarial de la Iglesia. Al no ser una empresa, ni una suma de empresas, no presenta cuentas ante el registro mercantil. Pero esto no significa que no desarrolle actividades lucrativas. Lo hace. Lo hace el Cabildo de Córdoba, por ejemplo, con las entradas de la Mezquita de Córdoba, cuyos ingresos mantiene ocultos, al igual que hace la Iglesia con el resto de monumentos por cuyo acceso cobra. Lo hacen múltiples organizaciones alquilando sus inmuebles –exentos de IBI–. Lo hacen incluso las distintas organizaciones empresariales que realizan inversiones sobre las que no dan la menor cuenta. Esta innegable dimensión empresarial es compatible con múltiples vías de ingresos públicos, cuyo uso no es fiscalizado después por las instituciones civiles.

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El Tribunal Supremo da vía libre a las comunidades para reducir el horario de la asignatura de Religión

marzo 23, 2018

El alto tribunal avala que la Junta de Extremadura recortara de dos horas a una el horario de la materia confesional en el primer curso de la ESO

Acepta que la asignatura no sea de oferta obligada en segundo de Bachillerato si la administración lo explica y justifica bajo criterios de “regulación y programación”

Reunión de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal, en febrero de 2018. CEE / InfoLibre

Elena Herrera, InfoLibre, 24 de marzo de 2018 

La reforma educativa que el PP aprobó en solitario en 2013 colocó la asignatura de Religión en el bloque de las llamadas específicas, cuyos horarios son fijados por las comunidades y no por el Ministerio de Educación, como ocurre con las troncales y donde estaba situada hasta entonces. Eso provocó que algunas autonomías, en el ejercicio de sus competencias, redujeran la carga horaria de la materia, lo que llevó a los obispos a emprender una ofensiva judicial que ya ha llegado al Tribunal Supremo.

En dos sentencias que se hicieron públicas este viernes, el alto tribunal avala la reducción del horario de la asignatura de Religión en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Los fallos se refieren al caso de la Junta de Extremadura (PSOE), que decidió en 2016 que la materia confesional pasara de tener dos horas semanales a una en el primer curso de la ESO, lo que según los obispos y la Asociación de Padres Extremeños (Apadex), que llevaron esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), suponía un “trato discriminatorio”. Ese órgano judicial les dio la razón al apreciar que era una medida “desproporcionada”. 

El Supremo, sin embargo, respalda ahora a la Junta. Los jueces de ese tribunal no consideran que una hora a la semana sea una carga lectiva “irrelevante” y subrayan que “no se ha demostrado que en ese tiempo sea imposible desarrollar un programa didáctico coherente y completo de enseñanza de la Religión católica que, al fin y al cabo, es de lo que se discute”. En este sentido, explican que no se trata de si una asignatura o materia se enseña durante más o menos horas sino de si las que se le asignan en la programación o en el currículo escolar son las necesarias para impartirla adecuadamente.

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La Iglesia católica ha recibido en diez años 2.491 millones de euros del Estado a través del IRPF

marzo 21, 2018

39 años después de comprometerse a avanzar en su autofinanciación, la iglesia católica continúa recibiendo anualmente 250 millones de euros del erario público vía IRPF

Reunión de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal, en febrero de 2018./ CEE

 

Elena Herrera, InfoLibre, 21 de marzo de 2018

La Iglesia católica ha recibido 2.491 millones de euros del Estado en los últimos diez años a través del IRPF. Esa cantidad –que ha supuesto alrededor de 250 millones anuales– sale del bolsillo de todos los contribuyentes, pues se detrae del total de la masa fiscal. Los católicos que marcan la X en la casilla correspondiente de la declaración de la renta aportan a la Iglesia un 0,7% de su cuota fiscal y, a Hacienda, el 99,3% restante. El resto de ciudadanos aporta a Hacienda el 100%. Por tanto, sea cual sea la decisión de cada contribuyente, no se modifica la cuantía final del impuesto que paga o de la devolución a la que tenga derecho, subraya la Agencia Tributaria.

Los cuatro acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede –firmados en Roma un mes después del referéndum constitucional de 1978 y, por tanto, negociados entre el Gobierno de Adolfo Suárez y el Estado vaticano antes de la aprobación de la Constitución– permiten a la Iglesia católica mantener todavía hoy incontables privilegios emanados del franquismo en asuntos económicos, educativos y jurídicos. Dichos textos también regulan la asistencia católica a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de los clérigos.

El acuerdo económico, firmado el 3 de enero de 1979, regula varias cuestiones esenciales. Entre ellas, la colaboración financiera entre ambas instituciones. A pesar de que la Iglesia católica “declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”, el articulado de este acuerdo también consagra la ayuda económica directa del Estado español a la Iglesia como la única manera viable de posibilitar su sostenimiento económico. Textualmente establece que “el Estado se compromete a colaborar en el sostén financiero de la Iglesia en el respeto absoluto del principio de libertad religiosa” a través de una “dotación” en los Presupuestos Generales del Estado.

Más de 39 años después de la aprobación del acuerdo económico, esa pretendida autofinanciación sigue siendo una utopía. De hecho, la ley de presupuestos para el año 2007 estableció con carácter “indefinido” que el Estado destinará al sostenimiento de la Iglesia católica el 0,7% de la cuota íntegra del IRPF correspondiente a los contribuyentes que manifiesten su voluntad en tal sentido. Esta norma también actualizó el coeficiente que recibe el episcopado de los fieles que marcan la casilla, que hasta entonces era del 0,52%. Lee el resto de esta entrada »