La multinacional Iglesia S.A.

enero 9, 2018

La Iglesia se ha convertido en una multinacional del negocio inmobiliario y un lobby empresarial que sólo busca leyes que le sean favorables, tales como no tener que pagar impuestos.

Edmundo Fayanas Escuer   nuevatribuna.es, 9 de enero de 2018

La Iglesia se ha convertido en una multinacional del negocio inmobiliario, así como en un lobby empresarial, que sólo busca leyes que le sean favorables a sus negocios, tales como no tener que pagar impuestos como todos los mortales estamos haciendo.

No quiero hablar del Banco Ambrosiano, ni de la Banca Vaticana, ni de la pederastia ni de los oscuros negocios vaticanos. Solo de la iglesia española. Es curioso ver cómo el Papa habla de la pobreza, mientras que los que le rodean hablan de negocios. Estas son las contradicciones de una Iglesia que ha dejado de ser un referente moral, si alguna vez lo fue, para convertirse en una multinacional.

Quiero referirme a la iglesia española, que es un claro ejemplo de esta multinacional global en la que se ha convertido. La Constitución española declara al Estado como aconfesional. Sin embargo, la iglesia es la única institución privada que se le menciona, y se usa como argumento al reconocimiento de la indiscutible mayoría católica del país.

¿Existe esa mayoría católica en España?

Dos son los artículos donde aparece el papel de la Iglesia, en los que se basa su negocio con el Estado, el artículo 16º y el 27º y además la existencia de un Concordato Iglesia Estado, del tres de enero de 1979, que para muchos juristas es anticonstitucional.

Los apartados que hacen referencia a la Iglesia en la Constitución deben de desaparecer, como así también el término aconfesional, por otro que explicite con claridad el término laico.

La primera redacción que tuvo el artículo 16º de la Constitución decía “se garantiza la libertad religiosa y de culto…..ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Sin embargo, la redacción final se le añadió el apartado 16º 3 que está actualmente en vigor y dice:“los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”.

Si esto no fuera suficiente, se la añadió el artículo 27º 3 que dice: “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Este apartado constitucional abre las puertas a la educación privada concertada. Fue el sector más conservador de la iglesia que influyó en los constituyentes para una redacción tan favorable para la iglesia española. Fue Felipe González quien creó la educación privada concertada.

¿Qué supone en dinero al Estado está relación privilegiada de la Iglesia española?

Aproximadamente unos 11.000 millones de euros anuales. Esperanza Aguirre decía, que en los presupuestos había mucha grasa que quitar (subvenciones), evidentemente el PP la quitó, pero a los sectores más desfavorecidos, sobre todo a la atención de los más necesitados, a la discapacidad, apoyo social, atención a parados y pobres, pero no se quitó ni un solo euro a la iglesia, sino más bien se le fue aumentando anualmente.

A algunos, les habrá sorprendido el título, pero preguntémonos seriamente ¿No es una multinacional la Iglesia? Lee el resto de esta entrada »

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Entrevista a Antonio Manuel Rodríguez: “Las inmatriculaciones de la Iglesia implican la creación de un paraíso fiscal en el Estado”

diciembre 17, 2017

El profesor de Derecho civil de la Universidad de Córdoba participó en una charla en Artà

arabalears.cat, / ISAAC BUJ

ANNA SCHNABEL , arabalears.catPalma

Las murallas de Artà, espejo de la memoria y la identidad de un pueblo y definición material de su paisaje, pasaron a manos de la Iglesia cuando las registró a su nombre, a principios de 2015. La Ley hipotecaria del gobierno de Aznar permitió que la institución religiosa se atribuye la propiedad de bienes que en su mayoría eran de dominio público, sin tener que aportar ningún certificado de propiedad, hasta que el escándalo obligó al Estado a retroceder, hace cerca de dos años. Artà  se atrevió a denunciar lo que interpretó como una usurpación del patrimonio popular y reclamó la titularidad pública. Serán los tribunales los que tendrán la última palabra. Alternativa por Artà convocó anteayer el portavoz de la plataforma Recuperando y profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, Antonio Manuel Rodríguez, a impartir una charla en el municipio para analizar un fenómeno que considera que es una “cuestión de estado “.

Que las murallas de Artà no son de nadie porque nos pertenecen a todos, como las raíces y las ramas de los árboles. ¿Por qué?

La Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, la Catedral de Mallorca y las murallas de Artà siempre han sido nuestros, porque son bienes de un extraordinario valor inmaterial, de gran trascendencia histórica, de valor simbólico incalculable y, sobre todo, propiedad de la memoria colectiva de la comunidad a la que pertenecen. Hablamos de bienes de dominio público, que no son de nadie, son de todos: también de la Iglesia, pero porque son de todos. Cuando un bien es inmatriculado, sin embargo, pasa a ser de otro. Y entonces, no sólo se produce una expropiación material; también tiene lugar una expropiación simbólica.

¿Qué consecuencias conlleva para nuestra memoria histórica?

Cuando estos bienes son immatriculados, se les suele cambiar el nombre. Tras el cambio de nombre se oculta el cambio de la memoria colectiva. Cuando alguien quiere cambiar de identidad, lo primero que hace es cambiar de nombre. En la Giralda de Sevilla la registraron con el nombre de ‘dependencia anexa de la catedral’. En las murallas de Artà, las registraron con el nombre de ‘cerramiento privado de San Salvador con función ocasional de refugio’. Este hecho es intencionado: pretende, de alguna manera, reinterpretar la historia en beneficio de alguien. Lee el resto de esta entrada »


GUÍA MUNICIPALISTA para la defensa y recuperación del Patrimonio de Navarra

diciembre 17, 2017

 

Miembros de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, junto a la Catedral de Pamplona. (UNAI BEROIZ) / Noticias de Navarra

Por Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro

Entre los puntos aprobados en la última asamblea de Ayuntamientos y Concejos navarros celebrada en Burlada el pasado 16 de diciembre, además de la renovación del compromiso por la recuperación del patrimonio inmatriculado, se aprobó un documento que, concebido como guía para “defensa y recuperación del Patrimonio de Navarra”, aporta una más que interesante orientación para cualquier municipio:

Guía municipalista para la defensa y recuperación del Patrimonio de Navarra

Introducción 

Durante el franquismo, fruto de la colaboración de la iglesia con el régimen, y, posteriormente, hasta el año 2015 se ha producido en el estado español un expolio monumental. Miles de bienes inmuebles (iglesias, casas curales, cementerios, fincas, etc.), con todo lo que contienen en su interior, han sido inmatriculados por la iglesia católica con el simple certificado del diocesano (obispo, arzobispo o cardenal), sin acreditar título de propiedad, basándose primero en una ley franquista, y desde 1998 en un decreto del Presidente Aznar de muy dudosa constitucionalidad. Se trata, por tanto, de una escandalosa apropiación de bienes materiales de diversa índole, así como de otros de indudable interés cultural, de uso, generalmente, comunitario.

En el año 2007, se descubre la inmatriculación de la Parroquia de Santa María de Tafalla. Se inicia un largo trayecto de verificación del escandaloso proceder de la jerarquía católica española, de búsqueda de información, de movilización social y de organización municipal. Se crea la Plataforma en  defensa del Patrimonio de Navarra para tratar de recuperar los bienes usurpados, hasta conseguir en 2015, la derogación de este privilegio dictatorial que concedía la Ley Hipotecaria a los diocesanos.

El 15 de diciembre de 2007 Burlada acoge la primera asamblea de alcaldes y concejales. Es importante recalcar la importancia de esta iniciativa: dos centenares de Ayuntamientos y Concejos se adhieren a la Plataforma y asumen un compromiso de colaboración económica. Posteriormente (el 26 de junio de 2010 y el 6 de abril de 2013) se celebraron nuevas asambleas municipalistas. Lee el resto de esta entrada »


Así es la nueva ofensiva del movimiento laico contra las inmatriculaciones

diciembre 7, 2017

Los primeros fallos contra la Iglesia y la reclamación del Congreso de la devolución de los bienes inscritos sin justificación animan la reivindicación de una reforma legal

El Gobierno incumple el plazo de seis meses dado por el Congreso para hacer un listado de bienes.

Interior Mezquita-Catedral. EP (InfoLibre)

Ángel Munarriz, InfoLibre, 7 de diciembre de 2017

Las inmatriculaciones se han convertido en un campo de batalla. Una batalla legal, política y social que se libra en los tribunales, en el Congreso y en los espacios de opinión pública. Hasta ahora la Iglesia va ganando. La inmensa mayoría de las decenas de miles de bienes inmatriculados durante décadas le pertenecen sin que quienes cuestionan su apropiación hayan llegado ni tan siquiera a plantear un litigio. Pero su posición se agrieta. El Congreso de los Diputados ha tomado partido a favor de la recuperación de los bienes inmatriculados sin justificación acreditada durante los últimos 20 años, si bien es cierto que lo ha hecho mediante una proposición no de ley (PNL) no vinculante, que el Gobierno ha desatendido. Los continuos litigios abiertos por ayuntamientos comienzan a deparar sentencias favorables, aunque con mayor importancia cualitativa que cuantitativa. El listado de ayuntamientos abiertamente favorables a plantar cara a la Iglesia para recuperar bienes inmatriculados no para de crecer. Y es ahora, aprovechando ese caldo de cultivo, cuando el movimiento laico ha decidido lanzar una ofensiva para lograr (esta vez sí) cambiar las tornas.

La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia, conocida como Recuperando, celebró el sábado de la pasada semana su segunda asamblea estatal, coincidiendo con el primer aniversario desde su creación, que fue un intento de aglutinar y coordinar a diferentes colectivos y organizaciones contrarios a las inmatriculaciones. Recuperando acordó solicitar la ejecución de la PNL* aprobada por el Congreso el 4 de abril. Dicha PNL reclamaba al Ministerio de Justicia la elaboración de un listado completo de bienes inscritos por la jerarquía católica al amparo del polémico artículo 206 de la ley hipotecaria. También solicitaba al Gobierno la reclamación de los bienes inmatriculados después de 1998 sin título de propiedad suficiente o que fueran susceptibles de formar parte del dominio público, como es el caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Tras la aprobación de la PNL, Justicia descartó darle cumplimiento completo, pero se comprometió oficialmente a elaborar el listado. Ya han pasado los seis meses que la PNL estableció como plazo “improrrogable” para cerrar la lista. InfoLibre preguntó al ministerio que dirige Rafael Catalá (PP) por los avances. La respuesta de Justicia fue que está a la espera de que el Colegio de Registradores emita un informe que se le ha solicitado. Ya se sobrepasó el plazo “improrrogable”. Lee el resto de esta entrada »


La Iglesia utilizó la ley Aznar para poner a su nombre al menos 30 catedrales que pertenecían al Estado desde 1931

noviembre 15, 2017
La mezquita de Córdoba, la Giralda, la Seo de Zaragoza o la catedral del Buen Pastor de Donostia, algunos de los casos más polémicos

José María Aznar y Rouco Varela en un congreso católico celebrado en El Escorial en 2002 / EFE

 

Jesús Bustamante, El Diario, 14 de noviembre de 2017

Los obispos inmatricularon, sin apenas coste, miles de inmuebles gracias a la reforma de la ley hipotecaria del Ejecutivo de José María Aznar de 1998

Muchos de esos templos continúan siendo restaurados con dinero público, pero los beneficios de las visitas y las colectas van a nutrir las arcas eclesiásticas

El Gobierno respalda el expolio de la Mezquita de Córdoba y miles de bienes puestos a nombre de la Iglesia

Cuentan los Evangelios que Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. 30 monedas, en este caso de euro, son el único coste que, entre 1998 y 2015, tuvieron los obispos de una treintena de diócesis para inmatricular a su nombre algunas de las catedrales españolas más importantes que, desde hacía décadas habían pasado a formar parte del Tesoro Artístico Nacional. La reforma de la ley hipotecaria del Gobierno Aznar vino a ser una suerte de compensación a la incorporación de dichos bienes al patrimonio general llevado a cabo por el Gobierno republicano de Niceto Alcalá Zamora en 1931.

Pese a todo, dichos bienes –catedrales, museos y bienes de interés cultural– que algunas fuentes estiman en 4.500 sólo en el período 1998-2015, pero que podrían resultar diez veces más si contamos desde la aplicación de la franquista Ley Hipotecaria de 1946, continúan contando con fondos públicos.

Así, las distintas administraciones financian la restauración de dichos templos o su iluminación, en virtud de su condición de bienes de interés cultural. Sin embargo, los pingües beneficios derivados tanto de su uso litúrgico (mediante limosnas, estipendios de misas, etc…) como de su explotación turística –la Seo de Zaragoza, la Giralda de Sevilla o la Mezquita de Córdoba (inmatriculada ya en 2006) son tres de los lugares más visitados de España–, sólo tienen un destinatario: la Iglesia católica, que además se beneficia de las múltiples exenciones fiscales derivadas de los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede.

“Ránking” de los principales templos expoliados por la iglesia católica

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Misa de 12 en la mezquita

noviembre 12, 2017
La Iglesia gestiona la mezquita-catedral de Córdoba a su antojo, sin rendir cuentas, como un símbolo más del poder que sigue ejerciendo en España.

La mezquita de Córdoba, tras la celebración de la misa de 12

Raúl García, La Marea, 12 de noviembre de 2017

Los domingos a las doce, en medio de un estruendo de campanas, la mezquita-catedral de Córdoba se cierra al uso recreativo, turístico y cultural y se abre en exclusiva como templo. Como templo católico. Guardias de seguridad bloquean la entrada a los turistas y solo dejan paso a quienes manifiestan su intención de asistir a la misa. “Fotos no, fotos no, por favor”, imponen. Suenan unas notas de órgano. La puesta en escena es espectacular, solemne, antigua, ritual. Unas 300 personas esperan en silencio. En primera fila, una monja. Atrás, el coro, compuesto por diez mujeres y cinco hombres. Entran siete clérigos a paso lento. La luz cae sólida, como mantequilla, por cuatro ventanales. Rodean una vidriera que representa a la, así llamada, virgen María. El incienso dibuja humo a contraluz. Cierra la comitiva un hombre maduro, con gafas, lleva una mitra blanca con una franja verde, una casulla a juego. Son espléndidos sus ropajes, solemnes, antiguos, rituales. Se acerca a un trono blanco. De pie, rodeado de su séquito, dice:

“En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo. (…) La paz esté con vosotros. (…) Hasta setenta veces siete, nos dice Jesús en el Evangelio, tenemos que estar dispuestos a perdonar a nuestros hermanos porque dios nos perdona siempre. Setenta veces siete. Mil veces, por eso le pedimos perdón, que él es rico en misericordia”.

Es el Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández González, quien así habla. Se sienta, al terminar, en el trono blanco. Hay poder aquí.

Hay un poder que permite a la Iglesia Católica hacer uso de la Mezquita-Catedral, su denominación oficial, como le parece oportuno. “Es un lugar sagrado. Durante su visita, guarde el debido respeto, observe las instrucciones del personal al cuidado del mismo y cumpla con las (…) normas y recomendaciones. Le recordamos que el recinto tiene como objeto principal ser un templo católico (…). Por tanto, su uso queda restringido al culto religioso católico, así como a la visita turística y cultural. Le agradecemos su colaboración”. Así lo exponen en la web  mezquita-catedraldecordoba.es. Lee el resto de esta entrada »


El Gobierno solicita al Colegio de Registradores la inmatriculaciones de la Iglesia desde 1998

noviembre 5, 2017
El Gobierno no aclara si va a hacer público ese listado ni qué actuaciones llevará a cabo posteriormente. Rajoy no tiene previsto acudir a la vía judicial para recuperar los bienes inscritos de forma irregular

Cumplidos los seis meses, “plazo improrrogable” que recogía la Proposición no de ley presentada por el PSOE, y aprobada en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, por la que se urgía al Gobierno a que en ese plazo el Estado debería hacer un listado de los bienes inmatriculados, analizar los títulos que se han aportado a los registradores y si no tuvieran validez reclamar su recuperación, Antonio Hurtado, quien ya había presentado y defendido la PNL presentada en abril,  preguntaba al Gobierno sobre si se había llevado a cabo.

Fuente: Religión digital, 5 de noviembre de 2017

El Gobierno de la Nación ha anunciado, a preguntas del diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, , que ya ha pedido “al Colegio de Registradores de la Propiedad una relación de todas las inmatriculaciones llevadas a cabo por vía del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que fue derogado por la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria, desde 1998 hasta la citada derogación“.

El Ejecutivo que preside el popular Mariano Rajoy, en respuesta escrita a la que ha accedido Europa Press, ha contestado así a las preguntas planteadas por Hurtado, quien quiso saber “¿cuándo se va a concluir por el Gobierno el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica?”, si “¿se va a hacer público el listado?, ¿cómo se hará público este listado?” y “¿qué actuaciones se llevarán a cabo con posterioridad por parte del Gobierno?”.

De igual forma, el diputado socialista preguntó si “¿se va a establecer con la Iglesia algún tipo de diálogo para que se rectifiquen aquellas inmatriculaciones sobre bienes de dominio público o no hechas documento que acredite la propiedad del bien?”, y si “¿hay disposición del Gobierno de acudir a la vía judicial para recuperar aquellas inmatriculaciones sobre bienes de dominio público o inscritas sin documento de propiedad válido?”. Lee el resto de esta entrada »