Sobre el art. 107 del Tratado de Funcionamiento de la UE base por la que el TJUE considera que algunas exenciones fiscales a la iglesia pueden ser “ayudas estatales prohibidas”

junio 27, 2017
La sentencia dictada hoy en el litigio que enfrentaba al colegio La Inmaculada de Getafe con el Ayuntamiento es de gran trascendencia pues el criterio establecido puede ser extrapolable a exenciones d eotro tipo de impuesto, como, por ejemplo, el IBI

Entrada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo. Julien Warnand-EFE

 

Noticias jurídicas, 27 de junio

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado hoy, 27 de junio, sentencia en el asunto Asunto C?74/16, que enfrenta a las Escuelas Pías Provincia Betania contra el Ayuntamiento de Getafe en torno al impuesto municipal sobre construcciones instalaciones y obras por unas reformas en un colegio de la congregación y la exención invocada por la Iglesia Católica amparándose en el Concordato de España con la Santa Sede (Acuerdo sobre asuntos económicos de 3 de enero de 1979).

La cuestión jurídica a resolver era si estas exenciones pueden ser consideradas “ayudas estatales prohibidas” (vulnerando así el artículo 107 TFUE) y en qué ocasiones. Esta decisión es de gran transcendencia pues el criterio establecido en el asunto puede ser extrapolable a exenciones en otro tipo de impuesto, como, por ejemplo, el IBI.

El tribunal europeo, en contra de las conclusiones del Abogado General Juliane Kokott, que avalaba la exención en este supuesto porque afectaba a un edificio escolar utilizado por la Iglesia Católica no para la prestación comercial de servicios de enseñanza, sino para la prestación de servicios de enseñanza en el marco de su labor social, considera que la exención fiscal controvertida puede estar comprendida en el ámbito de la prohibición establecida en el artículo 107 TFUE si las actividades del edificio reformado son de carácter económico y escapan a una finalidad estrictamente religiosa. Además considera que la exención establecida en la Orden de 5 de junio de 2001 es una medida a priori selectiva conferiría una ventaja económica a la Congregación.

Por tanto, la delimitación entre actividad económica y actividad no económica de la Iglesia Católica es el criterio a seguir por el juez nacional para considerar ilícitas las exenciones tributarias a favor de la Iglesia Católica. Lee el resto de esta entrada »


El Congreso y los tribunales apuntalan el trato de favor del Estado a la Iglesia católica

abril 14, 2017

 

Infolibre (Ángel Munárriz, 13/04/2017)) nos ofrece una amplia revisión de algunos de los privilegios que, en un estado declarado aconfesional -pero con banderas a media asta en el ejército por la muerte de Cristo- continúa manteniendo la iglesia católica: exención del IBI, casilla de la renta, inmatriculaciones, cuentas opacas y/o sin control,  subvenciones para centros privados confesionales…,  y de cómo los Tribunales acaban con cualquier intento de modificación de estos privilegios, derivados de unos Acuerdos con el Vaticano en cuya denuncia está la base de cualquier cambio como bien se defiende dese Europa Laica.

Cospedal y Catalá durante el desfile de los legionarios del Tercio “D. Juan de Austria” tras el traslado del Cristo de Mena. InfoLibre

 

  • Sentencias judiciales avalan la exención del IBI, la exclusividad de la casilla de la renta y la negativa a registrar las apostasías.
  • El PP y la antigua CiU hacen fracasar la iniciativa para la fiscalización de las cuentas eclesiales.
  • Europa Laica afirma que cualquier cambio requiere la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede

El Tribunal de Cuentas no fiscalizará este año el dinero público que ingresa la Iglesia, que está exenta del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y es la única institución religiosa que dispone de una casilla para donar el 0,7% en los formularios del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Tampoco tiene obligación de registrar las apostasías en los libros de bautismo. No hay ninguna iniciativa en marcha, de carácter global, que ponga en riesgo la titularidad de los miles de bienes inmatriculados por la Iglesia aprovechando resquicios legales. En España se siguen celebrando funerales de Estado católicos y la simbología religiosa se resiste a desaparecer del espacio público. La conclusión es clara: los intereses de la Conferencia Episcopal están aguantando el empuje de las iniciativas laicistas para limitar o eliminar su especial estatus en materias como la financiación, la fiscalidad, el uso de datos o la representación en el espacio público. Diversasvictorias de la Iglesia en las instituciones de representación política, especialmente el Congreso, y en los tribunales han apuntalado el trato de favor que le dispensa el Estado en razón de los acuerdos con la Santa Sede y la ley de mecenazgo y pese a a su pérdida progresiva de fieles

Exención del IBI

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